Representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de Amnistía Internacional (AI) pidieron ayer al Senado revisar y ampliar las disposiciones del marco regulatorio en la materia, abrogar la Ley de Seguridad Interior y que la Fiscalía General de la República sea verdaderamente autónoma.

Al participar en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la legisladora panista Kenia López, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, aseveró que para no tener otro 2 de octubre y que el Estado opte por el respeto a la dignidad de las personas y el fortalecimiento y desarrollo democrático, ante cualquier tentación autoritaria México requiere una fiscalía verdaderamente autónoma, que genere y confianza en su desempeño.

El ombudsman destacó que la debilidad que la sociedad percibe del estado de derecho y la impunidad existente, sólo podrá cambiarse sí se genera una certeza razonable de que las normas efectivamente se van a aplicar, con independencia de quienes sean las personas involucradas, dejando de lado toda práctica de corrupción.

En su mensaje ante senadores, funcionarios y organizaciones no gubernamentales, manifestó que el pasado martes nuestro país recordó uno de los episodios más oscuros de su historia reciente, que implicó múltiples y graves violaciones a los derechos humanos, que aún permanecen impunes, llevadas a cabo al amparo de una estructura institucional y jurídica que no contemplaba contrapesos reales y efectivos ante los abusos del poder.

Pidió a los legisladores revisar la Ley de Seguridad Interior, misma que vulnera derechos humanos y no ha tenido una incidencia efectiva y notoria en la materia que pretendía regular.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, demandó revertir el paradigma militar en materia de seguridad entronizado en la cuestionada Ley de Seguridad Interior, emitir un marco regulatorio sobre el uso legítimo de la fuerza acorde con los estándares internacionales y crear un registro de detención único a escala nacional que permita documentar toda privación de la libertad”.

También solicitó instaurar una Fiscalía General de la República que asegure la independencia, la imparcialidad, el profesiona-lismo, la objetividad y la rendición de cuentas; derogar la figura del arraigo, tal como lo hizo la Cámara de Diputados en abril pasado; abrogar la prisión preventiva oficiosa, y crear una institución nacional forense de carácter autónomo.

Jarab solicitó a los senadores ratificar los compromisos internacionales, como el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.

Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, resaltó que el próximo gobierno federal debe reconocer la crisis de derechos humanos que vivimos y que el Ejecutivo en turno no quiso reconocer.

También demandó la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, la prisión preventiva oficiosa y la figura del arraigo.