oy hace medio siglo el movimiento estudiantil que había cimbrado durante más de dos meses a la sociedad y a la institucionalidad política mexicanas fue aplastado mediante una conspiración represiva, urdida en las más altas esferas del poder, que desembocó en una masacre y en una persecución política tan implacable como injustificable y cuya huella de dolor e indignación perdura hasta nuestros días. Vistas en retrospectiva, las reivindicaciones de los estudiantes movilizados resultaban de obvio cumplimiento en un entorno de normalidad democrática: liberación de los presos políticos, supresión de los apartados del Código Penal que legalizaban la persecución política, destitución de los mandos de la policía capitalina implicados en abusos de autoridad, indemnización a las víctimas, supresión del Cuerpo de Granaderos y castigo a los funcionarios responsables de la violencia en contra de los inconformes.
El pliego petitorio de 1968 era ilustrativo del círculo vicioso entre inconformidad y represión. En lugar de actuar con visión de Estado, sensibilidad política y apego a la legalidad, el régimen diazordacista optó por asesinar, herir, encarcelar, desaparecer, encarcelar y calumniar a jóvenes que ejercían su derecho a la libre manifestación, así como a varios de sus profesores y referentes políticos. La masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas fue el punto más alto de una insensatez que empezó por la violencia policial contra una marcha pacífica que conmemoraba la Revolución Cubana y siguió por ataques a balazos desde edificios públicos y privados a concentraciones estudiantiles y el allanamiento de las más importantes sedes de la educación media superior y superior, entre ellas la Preparatoria 1 en San Ildefonso, Ciudad Universitaria, el Casco de Santo Tomás y la Unidad Profesional Zacatenco.
En el colmo del extravío, el gobierno federal movilizó al Ejército Mexicano contra la población civil. Y no se detuvo: continuó, después de los sucesos de Tlatelolco, con la persecución, el encarcelamiento y la realización de remedos de juicios penales a líderes y participantes del movimiento estudiantil.
Éste fue aplastado, pero el presidencialismo priísta no logró recuperar nunca su credibilidad ni su autoridad moral. El descontento social por el autoritarismo, la cerrazón y el carácter antidemocrático del sistema político dio lugar al surgimiento de movimientos armados y a la guerra sucia que se desarrolló en los siguientes dos sexenios.
En forma paralela, los sucesos del año de los Juegos Olímpicos llevaron a diversos sectores de la sociedad a una reflexión política que se fue concretando en propuestas políticas de participación electoral, en proyectos de organización sindical y agraria al margen de las corporaciones oficiales y en la integración de proyectos informativos que buscaban romper el cascarón del discurso único y la verdad oficial repetida en todos los medios.
En suma, el movimiento estudiantil de 1968 y su trágico y bárbaro desenlace quedaron impresos en la conciencia nacional y fueron modelando un desarrollo político que llevó a la conquista de los primeros cargos de representación para partidos de izquierda en 1979 y 1982; a la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988; al triunfo de la oposición en los primeros comicios realizados en la capital del país, en 1997; a la victoria de Morena el primero de julio de este año, y al derrumbe del PRI.
A pesar de represiones, cooptaciones y mediatizaciones, en el medio siglo transcurrido desde la masacre de Tlatelolco tres generaciones han mantenido vivo el espíritu democratizador del movimiento estudiantil de 1968, precursor de las libertades conquistadas en ese periodo. Sin embargo, el poder político ha conseguido hasta ahora obstruir el esclarecimiento y la justicia para los sucesos de hace 50 años, cuyo saldo jurídico sigue siendo el de la más completa impunidad, un saldo en el que se originan los principales extravíos institucionales que aún persisten en el país y explica la necesidad de mantener viva la consigna: 2 de octubre no se olvida.
