e acuerdo con la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dos testigos protegidos en el caso del homicidio de Javier Valdez Cárdenas temen ser asesinados y planean salir del país debido a las amenazas e intimidaciones contra ellos y sus familias. Resalta que ambos testigos han involucrado a Heriberto Picos Barraza, El Koala, y Juan Francisco Picos Barrueta, El Quillo, en el asesinato del corresponsal de este medio y cofundador del semanario Ríodoce.
Estas amenazas no pueden tomarse a la ligera. En primer lugar, porque el propio Javier Valdez y muchos otros de los 47 periodistas que han perdido la vida de forma violenta en el transcurso de este sexenio se encontraban amenazados cuando sufrieron los atentados mortales. Pero también porque existen antecedentes de que una investigación se ve obstaculizada por la eliminación física de quienes poseían información acerca del crimen, como ocurrió con Ramón Andrés Zavala Corral, presunto autor material del asesinato de Miroslava Breach, también corresponsal de La Jornada.
Cabe recordar que en diciembre del año pasado el cuerpo de Zavala Corral apareció sin vida antes de que el implicado pudiera ser puesto a disposición de las autoridades para rendir declaración sobre el caso.
Una tercera razón para valorar la gravedad de las amenazas y redoblar la protección a los testigos reside en el hecho de que su salida del país –o un escenario trágico– supondría el fin de su colaboración en el juicio que se sigue a los imputados y, por tanto, un mayor riesgo de que el caso desemboque en la oprobiosa impunidad que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cubre a más de 90 por ciento de los crímenes contra los comunicadores y los medios en México.
Por último, ignorar el peligro que corren los testigos sería una lamentable confirmación de la indolencia desplegada hasta ahora por autoridades de todos los niveles en el esclarecimiento de esta clase de ilícitos, cuya impunidad ha contribuido no poco a convertirlos en una macabra rutina.
Como se ha repetido en estas páginas, el asesinato de un profesional de la información resulta doblemente condenable porque no sólo se priva a una persona de su vida, sino que, además, se atenta contra la libertad de expresión y el derecho de toda la sociedad a mantenerse informada.
A casi año y medio del crimen contra Javier Valdez, lo mínimo que puede exigirse es una demostración explícita de voluntad política para facilitar todos los elementos que lleven a su esclarecimiento pleno y al castigo de todos los responsables, tanto materiales como intelectuales. Tal voluntad debe materializarse, en primer término, en la protección efectiva de los testigos.
