egún Mario Di Costanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el fraude cibernético se incrementó 35 por ciento en el primer semestre de este año en relación con el mismo periodo de 2017. A decir del funcionario, en ese lapso los delincuentes digitales obtuvieron beneficios por 4 mil 412 millones de pesos, en tanto que el organismo que dirige emitió 17 alertas de phishing (robo de identidad) para cuentas bancarias y reportó a la policía cibernética 18 sitios web y 10 números telefónicos desde los cuales se pretendía engañar a los usuarios para conocer sus datos personales o sus claves cibernéticas.

La declaración referida complementa lo señalado el miércoles pasado por el director general de Telmex, Héctor Slim Seade, quien reveló que en 2017 las pérdidas ocasionadas por delitos cibernéticos ascendieron en México a 7 mil millones de dólares. En un encuentro sobre ciberseguridad efectuado ese día, Bernardo González Rosas, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dijo que 45 por ciento de los delitos informáticos cometidos el año pasado en el sector financiero nacional fueron perpetrados por empleados de los propios bancos, aseguradoras y casas de bolsa.

Como se recordará, en abril pasado se realizaron ataques de ciberdelincuentes al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que causaron un quebranto de 20 millones de dólares y paralizaron y ralentizaron el sistema durante varios días.

Si el fenómeno de los fraudes y robos cibernéticos es trasladado de la escala de las grandes estadísticas a la de los casos particulares, es frecuente encontrar escenarios exasperantes e incluso trágicos en los que pequeños negocios, familias e individuos se ven privados de sus ahorros o de su ingreso mensual, o atados de súbito a deudas que exceden su capacidad de pago. Así, además del daño causado a la economía, a las grandes empresas y a los propios bancos por prácticas delictivas como las referidas, la criminalidad digital provoca un quebranto social mucho más difícil de cuantificar.

En esta circunstancia, es explicable y comprensible la reticencia de grandes sectores de la población –particularmente, los pobres– a aceptar la bancarización generalizada de la sociedad que con tanto empeño promueven las autoridades y las propias empresas bancarias: a fin de cuentas, no hay una garantía firme de que el dinero esté más seguro en una cuenta de banco que en su posesión en efectivo.

Ciertamente, hay medidas de seguridad para minimizar el riesgo de ser víctima de un ciberdelito financiero, pero su eficacia es nula cuando el fraude se comete desde los bancos por empleados que conocen los sistemas informáticos desde dentro, como es el caso en casi la mitad de los episodios. Significativamente, Di Costanzo dijo, en una declaración anterior, que el monto de los reclamos de usuarios de la banca comercial en los primeros seis meses de 2018 ascendió a 14 mil 500 millones de pesos, en un total de 4 millones 500 mil quejas presentadas por casi 2 millones de clientes. De esas inconformidades, 55 por ciento correspondió a tarjetas de crédito y 36 por ciento a plásticos de débito, y agregó que sólo en la mitad de los casos culminaron con la devolución o abono de los montos reclamados.

Es lamentable, en suma, que las empresas bancarias se afanen en atraer a nuevos clientes sin adoptar antes medidas de control de su personal y sin formular sistemas y plataformas más seguros y amigables.