Han sido 35 mil 40 horas de incertidumbre, mil 460 días de no saber de sus hijos, cuatro largos años de impunidad. Para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada la vida se detuvo aquella noche del 26 de septiembre de 2014.

El tiempo se ha ido, pero no su esperanza de algún día saber el paradero de sus hijos y lo que realmente pasó, así como ver que los responsables paguen por los crímenes que además de los 43 estuudiantes desaparecidos, también dejaron seis asesinados y decenas de lesionados en Iguala, Guerrero.

El titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, les deja una deuda pendiente: no hay justicia y no se sabe dónde están los normalistas. A punto de concluir su mandato, la administración del priísta mostró una clara falta de voluntad para llegar a la verdad. Se les ha hecho sentir abandonados, olvidados e ignorados por este gobierno.

El más reciente ejemplo, señaló Luis Tapia, coordinador del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, son las más de 200 apelaciones contra la sentencia de un tribunal colegiado que mandató, entre otras cosas, crear una comisión de la verdad en la que participen las familias y sus representantes.

Acatar esa sentencia era su última oportunidad para dar muestras de voluntad para buscar a los estudiantes y garantizar sentencias contra los responsables. Pero hicieron lo contrario, organizaron a 10 dependencias del Ejecutivo y a funcionarios, desde lo individual, para atacar la sentencia. Han usado recursos inexistentes para por todos los medios posibles evitar cumplir con esa resolución que es un paso para la verdad y la justicia.

Los pendientes son demasiados. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Mecanismo de Seguimiento para el caso, dio a conocer un balance en el que destaca la necesidad de ampliar las líneas de investigación; lamenta la carencia de nuevas detenciones; llama a ahondar en el análisis de la telefonía celular y de la relación de los hechos con una ruta de tráfico de drogas de Guerrero a Chicago; llegar a fondo sobre la probable participación u omisión del Ejército, la Policía Federal, funcionarios estatales y otros posibles implicados; investigar los señalamientos de tortura contra algunos de los detenidos a los que se implica en los crímenes, y averiguar sobre las posibles obstrucciones en las indagatorias, entre otras.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subrayó que este caso no sólo es una herida abierta, sino es un símbolo de las desapariciones en México. Lamentó que el gobierno federal se haya caracterizado por defender la versión oficial conocida como verdad histórica –que apunta a que los normalistas fueron incinerados en un basurero–, argumento al que calificó de insostenible. Además hace unos meses presentó un informe en el que documentó que algunos de los acusados de los hechos han sido víctimas de tortura para incriminarse.