l descontrol delictivo y la violencia que afectan al país no sólo dejan un saldo trágico de vidas perdidas, familias rotas, desplazamientos y zozobra, sino también una impronta creciente en la economía. De acuerdo con cifras dadas a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado la inseguridad costó al país casi 300 mil millones de pesos, cifra equivalente a 1.65 por ciento del producto interno bruto; más de 25 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito en ese periodo, en tanto que la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes fue de casi 40 por ciento.

La pérdida de confianza en las instituciones de prevención, de procuración e impartición de justicia es tan baja que 93.2 por ciento de los crímenes cometidos en 2017 no fue denunciado por sus víctimas: 34.2 por ciento de ellas consideró que poner el caso en conocimiento de las autoridades era una pérdida de tiempo, y 14.5 por ciento dijo desconfiar de las autoridades. De manera coincidente, la percepción de inseguridad entre población adulta es de 79.4 por ciento.

El correlato de estas cifras es que prácticamente no pasa semana sin que se descubran nuevas fosas clandestinas o, como ocurrió recientemente en Jalisco, contenedores refrigerados que deambulan con cientos de cuerpos humanos no identificados, lo que no sólo es indicativo del tamaño de la tragedia humana causada por la violencia delictiva, sino también el hecho de que las autoridades se encuentran desbordadas y que, a 12 años del inicio de la guerra contra el crimen organizado con que inició la escalada actual, siguen sin poder hacer frente en forma profesional a las consecuencias de la estrategia de seguridad pública aún vigente.

Los hechos referidos indican que el país se aproxima a un indeseable y peligroso quiebre del principio de autoridad, a un estado de malestar social de consecuencias imprevisibles y a una respuesta marcada por el sálvese quien pueda, como ha ocurrido ya en regiones dominadas por la criminalidad organizada.

En tales circunstancias, es impostergable poner como máxima y urgente prioridad nacional, así sea en tiempos de transición presidencial, la formulación de una nueva estrategia para enfrentar a la delincuencia, la inseguridad y la violencia.