l reporte Regulación: control responsable de narcóticos, de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, presentado ayer en esta capital por el ex presidente Ernesto Zedillo, señala el fracaso de la política prohibicionista y represiva, y propone remplazarla por una estrategia de regulación. Sin desconocer el grave problema de salud pública que representan algunos estupefacientes hoy ilícitos, el documento indica que, tras la revisión de múltiples experiencias en países de todo el mundo, debe pensarse en avanzar hacia un uso regulado, reformar los tratados internacionales que establecen la prohibición y el castigo, así como tomar el control de los mercados, a fin de debilitar a los grupos delictivos que, paradójicamente, han crecido al amparo de la guerra contra las drogas.

La comisión referida, integrada por 22 ex gobernantes, entre ellos el propio Zedillo, el ex presidente colombiano César Gaviria, la ex presidenta suiza Ruth Dreifusss y la ex premier neozelandesa Helen Clark, recomienda iniciar procesos participativos para dar forma a las reformas hacia la regulación de estupefacientes, porque las políticas actuales de drogas no reducen ni la demanda ni el suministro de drogas ilegales, sino todo lo contrario, mientras el creciente poder del crimen organizado es una triste realidad.

En contraste, ayer mismo, en Nueva York, 129 naciones firmaron un llamado a la acción presentado por el presidente estadunidense, Donald Trump. Si bien en el documento se exhorta a reducir la demanda por drogas ilícitas por medio de la educación, la expansión de esfuerzos para tratamientos y políticas de salud, el mandatario republicano insistió en desmantelar la producción de drogas, detener todas las formas de tráfico y contrabando y adoptar medidas enérgicas, sin referirse a la necesidad de modificar los marcos legales para pasar de la prohibición a la regulación.

La disyuntiva es clara: el problema de salud que representan las adicciones es indiscutible y grave, pero la guerra contra las drogas, que es el modelo impuesto desde hace cinco décadas por Washington para enfrentar el fenómeno, ha sido un fracaso trágico y ha trasladado el problema del ámbito de la salud pública al de la seguridad nacional; la persecución judicial, policial y hasta militar de los grupos que convirtieron la infracción de las prohibiciones en una oportunidad de negocio se ha traducido en cientos de miles de muertos, en procesos de descomposición institucional, además de un debilitamiento del estado de derecho, en gravísimas violaciones a los derechos humanos y en el crecimiento exponencial del lavado de dinero a escala mundial. Por otra parte, la propuesta de la comisión global propone devolver el problema a los ámbitos de la salud, la educación y la acción social, y abandonar los esquemas policiales y militaristas impulsados por la Casa Blanca.

Significativamente, la propia historia estadunidense ofrece un ejemplo claro e inequívoco sobre la pertinencia de una rectificación del modelo prohibicionista: la derogación de la llamada ley seca, que prohibía la fabricación, el comercio y el transporte de bebidas alcohólicas, vigente de 1920 a 1933, y aunque no redujo el alcoholismo, dio pie a un auge sin precedente de poderosos grupos criminales y a una elevada corrupción. En cambio, la derogación de la prohibición se tradujo en una recuperación de la paz pública y en la recuperación del control gubernamental de las grandes ciudades.

Hoy, ante los saldos catastróficos de la guerra contra las drogas, parece más necesario que nunca recordar esa experiencia.