El gobierno federal entregó a las entidades casi 3 mil millones de pesos de 2013 a 2016 para apoyar la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

Según el primer informe en la materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), emitido esta semana, los recursos sirven para capacitar al personal de seguridad y de procuración de justicia; mejorar las tecnologías, infraestructura, equipo, gestión y organización institucional, entre otros programas.

A ello se agregan recursos devengados en 2017 y lo que va de 2018, en montos totales aún por conocer.

De forma paralela, se emitió un modelo homologado de unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso con la finalidad de establecer los perfiles de puesto y los principales procedimientos del personal que las integra.

El 18 de junio de 2016 entró en funcionamiento el nuevo Sistema de Justicia Penal, después de una etapa de implementación que duró ocho años. A partir de entonces dio inicio su etapa de consolidación, en la cual participan los tres poderes de la Unión.

Por parte del Ejecutivo, la consolidación está a cargo del SNSP, el cual ha trabajado también con instancias de la sociedad civil y apoyo internacional.

En el sistema anterior la confesión era la reina de las pruebas; hoy la presunción de inocencia y la libre valoración de la prueba son el principio rector.

En 2006 había aproximadamente 84 mil procesados y sentenciados por robos menores a 2 mil pesos. Hoy este tipo de casos, dijo el SNSP, pueden resolverse sin prisión preventiva. Así, entre 2008 y 2016, 70 mil personas evitaron la prisión, por tratarse de estos delitos.

En la actualidad, 77 por ciento de los procedimientos penales se pueden resolver en menos de 30 días. Además, los juicios son públicos y orales, así que los jueces tienen que ver y conocer a los acusados.