Durante el operativo contra presuntos huachicoleros en la comunidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, militares y policías estatales incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos, incluida la ejecución arbitraria de dos personas.

Así lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 12VG/2018 dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, y al gobernador de Puebla, José Antonio Galilei Fayad, entre otras autoridades, por los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017. En diversos videos que se hicieron públicos se ve que un militar dispara a quemarropa contra un presunto criminal, cuando éste ya está sometido en el suelo.

En el documento, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destaca que los enfrentamientos ocurridos en Palmarito Tochapan entre civiles dedicados a la sustracción ilegal de hidrocarburos y militares, así como servidores públicos federales y estatales, ocasionaron la muertre de seis civiles y cuatro militares; 26 lesionados –14 civiles y 12 soldados– y 13 detenidos –nueve adultos y cuatro menores de edad.

Tras la investigación, la CNDH contó con elementos para acreditar las graves violaciones a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia, consistentes en la ejecución arbitraria de dos personas; el trato cruel contra otras 12, incluidos tres menores de edad; la detención arbitraria de dos infantes; la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con dos de los fallecidos, atribuible a elementos de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

La PGR negó carpetas

También se acreditaron otros hechos, consistentes en violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de Pemex, de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia, estos tres últimos de Puebla.

La CNDH solicitó a la PGR copias de las correspondientes carpetas de investigación, las cuales fueron negadas, lo que se traduce en falta de colaboración de la procuraduría con el organismo autónomo en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad.

El ombudsman nacional recomendó al titular de la Sedena y al mandatario estatal que se repare integralmente el daño a todas las víctimas, lo cual incluye indemnización, asistencia médica y sicológica; colaboración en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, además que el general Cienfuegos Zepeda colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.

A la PGR se le requirió continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones y dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar.

La CNDH ha confirmado (ayer) que el Ejército Mexicano ejecutó extrajudicialmente a dos personas en los hechos de mayo de 2017. Es fundamental que las autoridades mexicanas cumplan adecuadamente la recomendación y aseguren que estas graves violaciones de derechos humanos no queden en la impunidad, afirmó Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

México debe crear inmediatamente un plan de retiro ordenado de las fuerzas armadas de todas las funciones de seguridad pública y dedicar sus esfuerzos a fortalecer a las policías, concluyó.