De los más de 120 detenidos durante la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo reconoce que 69 se encuentran en un penal en espera de que se resuelva su situación jurídica.

A lo largo de estos cuatro años de pesquisas –sin que se tenga sentencia alguna– para dar con los responsables del ataque y posterior desaparición de los estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, la dependencia ha anunciado una serie de detenciones, hasta llegar a una cifra que oscila entre 128 y 130. Sin embargo, hoy registra menos.

En información obtenida vía transparencia, la PGR, por medio de la oficina de investigación del caso Iguala, indicó que a la fecha cuenta con el registro de 69 personas que se encuentran privadas de su libertad por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, donde resultaran desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

En septiembre de 2016, Alfredo Higuera Bernal, titular de la oficina que lleva la investigación, aseguró que había entre 128 y 130 detenidos (sin contar los que se han acumulado a la fecha); en mayo de 2017 manejó la misma cifra de personas sujetas a proceso; no obstante, ahora esa misma oficina refiere otro número.

En la respuesta, con fecha del 18 de septiembre del año en curso, la PGR señala que las personas privadas de la libertad están sujetas a proceso penal por secuestro en agravio de los 43 normalistas. Además, cuenta con un registro de 78 procesados por tales hechos y el mismo número de órdenes de aprehensión.

Pendiente, fallo sobre supuestos actos de tortura

De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, la mayoría fueron acusados de delincuencia organizada y secuestro, no de desaparición forzada en agravio de los estudiantes de Ayotzinapa.

Alrededor de 90 de los detenidos están relacionados con la banda Guerreros Unidos, a la que se señala como presunta responsable del ataque a los normalistas. Son casi 50 que eran policías de Iguala y 19 de Cocula los que estarían involucrados en los hechos. Sin embargo, esos datos contrastan con la nueva información de la PGR, pues ahora, en sus registros sólo reconoce 69 personas privadas de su libertad.

Cabe recordar que hay pendientes relacionados con presuntos actos de tortura contra algunos detenidos, con lo que las autoridades ministeriales habrían obtenido confesiones.

El caso Ayotzinapa ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que en mayo el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Tamaulipas, resolvió que la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en la investigación; además, determinó que existían indicios suficientes de actos de tortura.

Determinó la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia, misma que fue impugnada por la PGR y otras dependencias, por lo que el caso llegó al máximo tribunal de justicia del país.