Buenos Aires. La senadora de Unidad Ciudadana y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) presentó este martes un escrito ante el juez Sebastián Casanello como parte de la causa que los medios de comunicación oficialistas llamaron la ruta del dinero K, y declaró ser víctima de una larga persecución política a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses, y entre otras demandas recusó a los jueces de la Cámara (tribunal) que firmaron una resolución en su contra por carecer de imparcialidad frente al caso.

Es la octava citación para prestar declaración indagatoria de la ex presidenta, quien advirtió que la resolución es una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara, Martín Irurzun y Mariano Llorens (cuya cercanía al gobierno es pública), haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Ejecutivo, y señaló que fue ese tribunal el que determinó la medida en su contra y no el magistrado que tiene a cargo la instrucción de la causa.

Fernández interpuso un recurso de casación contra la resolución y negó tener cuentas bancarias, recordando que en busca del dinero K lo que se encontró fue la ruta del dinero M(del presidente Maurico Macri), refiriéndose a las numerosas cuentas offshore que se encontraron al actual mandatario y varios miembros de su gabinete, en los llamados Papeles de Panamá y en los Papeles del Paraíso en 2016, y otras posteriores, ante lo cual no ha habido ninguna investigación.

La ex mandataria llegó a tribunales un día después de que el juez Claudio Bonadío (su perseguidor permanente desde que estaba en el gobierno), le dictó procesamiento y prisión preventiva sin prueba alguna, lo que se ha convertido en algo nunca visto en el país, salvo durante las dictaduras militares.

La senadora tiene embargos por más de 14 mil millones de pesos dispuestos en seis expedientes judiciales y también le embargaron la jubilación, le bloquearon las tarjetas de crédito y le impidieron tener siquiera una tarjeta de débito.

También dijo que lo que le sucede es un problema de persecución política vía judicial que tiene un carácter regional en Latinoamérica, destacando la prisión del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y otros ex mandatarios.

Por su parte, el juez de la Corte Interamericana y ex magistrado de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, consideró que “Cristina es las Malvinas de Macri. En el momento en el que se produce una crisis como la que estamos viviendo, como resultado de un endeudamiento veloz, se hacen cosas para distraer. Se repiten historias (…) ya lo hemos vivido en el 82 y en 2001”, sostuvo en entrevista con Roberto Navarro en El Destape Radio.

En tanto, efectivos de la policía porteña detuvieron al dirigente de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, cuando éste exigía la liberación de dos militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de vendedores callejeros senegaleses, que están siendo duramente maltratados por las fuerzas de seguridad. La policía reprimió la protesta con balas de goma y gas pimienta. Grabois, junto a otros dirigentes, intentó calmar a los efectivos y terminó detenido.

El dirigente fue directamente amenazado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y es importante destacar que es una figura muy cercana al papa Francisco.