La Ciudad de México, como hace 365 días, no está preparada para enfrentar un nuevo sismo como los ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del año pasado, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local, Nashieli Ramírez.

En la presentación de un informe especial sobre el 19S y dos recomendaciones, por violaciones a los derechos de los damnificados y desplazamiento forzado, dirigidas a 15 autoridades capitalinas, señaló que la corrupción podría haber sido un detonante de la pérdida de vidas humanas.

En la investigación se detectaron irregularidades en el cumplimiento de la norma en materia de construcción, así como omisiones de funcionarios públicos o particulares en inmuebles colapsados, como los ubicados en Chimalpopoca y Bolívar, Álvaro Obregón 289, Saratoga 714 y Zapata 56.

Dichas carpetas de investigación integradas por la Procuraduría General de Justicia local pueden derivar en responsabilidades administrativas, penales, patrimoniales o civiles, por lo que la instamos a que continúe investigando para conocer la verdad de los hechos y acceder a la justicia, señaló.

Ante funcionarios, representantes de organizaciones civiles y damnificados, destacó que de septiembre de 2017 a agosto pasado se han recibido 258 quejas, de las cuales 77 fueron concluidas y 181 están en investigación, pero se tiene un constante ingreso de quejas, con un promedio diario de dos.

Las autoridades fallaron por no aplicar medidas preventivas con debida diligencia para evitar que los sismos derivaran en desastre, pese a que conocían o debían conocer los diversos riesgos y factores de vulnerabilidad que caracterizan a la ciudad, afirmó.

El tercer visitador, Zamir Fajardo detalló en el informe nueve problemas en materia de construcción, falta de certeza sobre las condiciones del suelo, el desplazamiento forzado de damnificados y falta de supervisión de las condiciones estructurales de los inmuebles.

Asimismo, la ausencia de un enfoque diferencial que proteja a los grupos de atención prioritaria, falta de una política de prevención y adecuada del riesgo y deficiencias en el derecho a la información y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos y privados.

Se requiere, dijo, que los damnificados tengan acceso a una reparación integral de los daños causados a su integridad, vivienda, trabajo, educación y salud; identificar fallas y grietas y atenderlas; articular la reconstrucción física con la reconstrucción social.

Además, evaluar el contenido, alcance, accesibilidad y utilidad de la Plataforma CDMX, los atlas de riesgos y demás sistemas de información pertinentes; y las autoridades establezcan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados destinados a esta tarea, indicó.