n noviembre de 2010, Gerardo Esquivel –designado subsecretario de Egresos del nuevo gobierno– escribió empecemos por el principio: Santiago Levy es, por mucho, el economista mexicano más completo de su generación ( Nexos 390).

Luego Esquivel integró (2012) el panel de expertos con que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) difundió su primera iniciativa para deslaboralizar la seguridad social: Reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social. Siguió una segunda en 2017. Ambas inspiradas en las propuestas Levy para implantar una seguridad social universal. Ellas se desplegaron –desde 2008– después de su despido del IMSS-Fox (2005). La última versión –repetitiva– de su empeño es Esfuerzo mal recompensado (BID, 2018).

En 2015, siguiendo a Levy, Esquivel recomendó (Desigualdad extrema en México, p. 37-38) un auténtico Estado Social más amplio que ese caduco Estado de Bienestar. Que asegure a sus ciudadanos, por el simple hecho de serlo, acceso a un mínimo de derechos sociales: a salud y a servicios hospitalarios mínimos. El gasto público podría garantizar la existencia de un piso mínimo deseable en la provisión de servicios de educación y salud.

En última instancia –tal como lo contemplaron todos los gobiernos neoliberales (1982-2018)– las propuestas Levy pretenden activar una reforma hacendaria disfrazada de reforma social. Ella deslaboralizaría la seguridad social, sustituyendo la protección que estipula el artículo 123 constitucional y sus cuotas obrero-patronales, por nuevos derechos sociales (todos compactados a la baja), financiados –ahora– por impuestos generales derivados del incremento al tipo de IVA y desaparición de la tasa 0 a medicamentos y alimentos.

Además, las propuestas quieren ubicar en el espacio institucional del bienestar y el contexto laboral aquello que, en rigor, es un reflejo –o resultado– de las políticas económicas adoptadas. Especialmente la renuncia a implementar políticas industriales. El bajo crecimiento de la economía, sostiene Levy, podría estar vinculado a las políticas institucionales. ¿Cuáles? El sistema de seguridad social y de protección laboral es el principal obstáculo para un crecimiento más rápido, responde. Así pretende atribuir a la legislación laboral y del IMSS, al reflejo, el patente fracaso del modelo económico neoliberal en materia de crecimiento económico precario, empleo formal estable, bajos salarios y, por tanto, muy baja protección social. Modelo del que él es autor corresponsable. Todo ello reforzado con la contrarreforma laboral de Peña Nieto (noviembre 2012).

En agosto 2018 (en el Instituto Belisario Domínguez), Esquivel consideró avanzar en la implementación de algunas reformas peñistas y propuso “buscar reformas adicionales que se tienen que hacer. Coincido –agregó– que esté el tema de la salud. Tenemos que avanzar hacia un Sistema Nacional de Salud. Hay reformas como la de salud. Y una reforma pendiente como la de pensiones”.

Pero resulta que el doctor Alcocer –designado secretario de Salud federal del gobierno entrante– ha condicionado, contundentemente, cualquier reforma a evitar parches y atender los cimientos. ¿Cuáles? Un sistema único con acceso igual para todos; ampliar la capacidad real de atención; fortalecer servicios de primer contacto e iniciar cambios legales en las condiciones laborales que hoy impiden su integración ( La Jornada, 10/7/18). ¿Estará enterado Esquivel? Y si lo está ¿a qué se refiere? ¿Qué y cuál tipo de reforma? ¿La que pretende –siguiendo a Levy– deslaboralizar la seguridad social como el CEEY?

Igualmente, cuando alude a la reforma pendiente en pensiones, Esquivel olvida que –oportunamente– se recomendó al designado secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que antes de referirse al desafío pensionario como un problema que se agranda –lenguaje tecnocrático que polarizó la urgente atención del asunto– constituya un grupo de estudiosos que –con indispensable corte de caja para deslindar responsabilidades– revise integralmente el SAR y presente recomendaciones vinculantes para, posteriormente, acometer una reforma del SAR, que dote de seguridad pensionaria a todos, especialmente a los jóvenes. Esquivel tampoco parece conocer la declaración del doctor Alcocer respecto a que se estudia una instancia que va a tratar directamente el presente y el futuro de las pensiones ( La Jornada, 16/7/18).

¿Comprende Esquivel que el mandato del cambio del primero de julio aguarda otras políticas ajustadas a su –pronto– cumplimiento? ¿O es que, ahora, él busca transitar las inviables propuestas Levy amparándose en el gobierno entrante? Si así fuera, conviene que no pierda de vista la siguiente declaración: millones de compatriotas aspiran a vivir en una sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos (AMLO-Constancia de Presidente Electo).

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco