Durante el sexenio que está por concluir, las agresiones contra los activistas de derechos humanos se volvieron cada vez más directas –lo que ha hecho aumentar el número de ejecuciones extrajudiciales en más del doble–y los más atacados son los que se dedican a defender el derecho a la educación, la protesta, el territorio y el medio ambiente sano.

La anterior es una de las principales conclusiones del informe Defender los derechos humanos en México: el sexenio de la impunidad, que en su séptima edición documentó las violaciones a las garantías básicas cometidas en general durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también lo ocurrido en particular en el periodo de junio de 2017 a mayo de 2018.

De acuerdo con el estudio –elaborado por el Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh)--, en este sexenio ocurrieron al menos mil 366 eventos de violaciones de las garantías fundamentales, de los cuales, 358 tuvieron lugar en los 12 meses analizados en particular.

Las entidades federativas donde se registró mayor número de agravios fueron Oaxaca (con 57), Chiapas (46), estado de México (36), Tlaxcala (35), Guerrero (30), Michoacán (27) y Ciudad de México (26), lo cual demuestra que la idea de que la capital es un punto seguro es un mito, señaló Alejandro Cerezo, coordinador general de Acuddeh.

De igual manera, el estudio consignó que en entre las violaciones ocurridas en el periodo estudiado, hubo 221 agresiones directas contra activistas –incluidas 161 ejecuciones extrajudiciales y 110 desapariciones forzadas–, 48 actos de hostigamiento, 45 amenazas, 25 campañas de criminalización y 17 allanamientos de morada.

Lo anterior demuestra que los ataques físicos contra activistas de derechos humanos han ido progresivamente en aumento, pues hace tres años la violación más frecuente contra dicho gremio era el hostigamiento, y hace cinco años las amenazas, enfatizó Cerezo.

Al detallar sobre los temas en que trabaja la mayoría de las víctimas, se documentó que 52 ataques ocurrieron contra defensores del derecho a la educación; 45, derecho a la protesta; 43, asuntos laborales, y 40, defensores de la Tierra y el territorio.

Al comentar los resultados del informe, el padre Miguel Concha, fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, resaltó que los casos de ejecuciones extrajudiciales contra activistas aumentaron más del doble durante el sexenio de Peña Nieto, en comparación con el de Felipe Calderón.