Las autoridades del país han mostrado claro desdén en el tema de la seguridad de periodistas, como demuestra el hecho de que el Mecanismo de Protección al gremio no tiene recursos asignados para octubre, ya que los tres niveles de gobierno han hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema.

Así lo dio a conocer el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que el organismo a su cargo va a aplicar un semáforo para marcar el nivel de avance de las autoridades en estos señalamientos, especialmente de las estatales y municipales.

Durante la presentación de una serie de estudios sobre el cumplimiento de cuatro recomendaciones generales que la CNDH ha hecho de 2004 a la fecha sobre el tema de las agresiones contra periodistas, el funcionario lamentó que el fideicomiso que sustenta el Mecanismo de Protección hoy carece de recursos para octubre.

En entrevista posterior con los medios, González Pérez subrayó que, según datos de la quinta visitaduría general de la CNDH, la perspectiva es que en octubre se agota ese presupuesto. Me parece preocupante, porque el tema de las agresiones no se ha revertido y la impunidad sigue latente.

En ese contexto, llamó a que las autoridades a dotarlo de recursos suficientes para el cierre de este año y para 2019. Insistió en que los gobiernos estatales deben nombrar enlaces con poder de decisión para cumplir la Recomendación General 24, relacionada con la necesidad de proteger a los comunicadores amenazados o agredidos.

Indicó que, de acuerdo con un estudio del nivel de cumplimiento de cuatro recomendaciones generales de la CNDH (la 7, de 2004; la 17, de 2009; la 20, de 2013, y la 24, de 2016), la gran mayoría de los gobiernos estatales y municipales han hecho caso omiso a los señalamientos de cuidar a los periodistas.

Un ejemplo es que, a pesar de que el nivel de aceptación a dichas recomendaciones fue de 94 por ciento, la gran mayoría de las respuestas de las autoridades a la CNDH fueron simples acuses de recibo y no generaron políticas públicas para ser aplicadas en la realidad.

En el caso de la Recomendación General 24, dijo que 79 por ciento de las autoridades estatales sólo respondió por escrito mediante contestaciones rutinarias y burocráticas, 19 por ciento lo hizo repitiendo lo que ya decía el expediente, y sólo en 33 por ciento hubo algún tipo de información a casos específicos de comunicadores amenazados o agredidos.