En la comunidad nahua de Santa María Magdalena Cahuacán, del estado de México, existe el riesgo latente de confrontación entre los habitantes del pueblo y grupos de talamontes armados que desde hace al menos un año acuden a la zona para extraer madera de forma clandestina y que en semanas recientes amenazaron a los lugareños para que dejen de defender el bosque.

Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó en entrevista con La Jornada que el poblado se encuentra en el municipio de Nicolás Romero, en el extremo norte del parque Otomí-Mexica, donde en 2016 empezaron a llegar personas a talar algunos árboles, pero se retiraban cuando los pobladores les decían que no lo hicieran.

Sin embargo, a partir de 2017 empezaron a llegar grupos amplios de taladores equipados con armas de alto calibre, quienes derriban los árboles de pino y oyamel y se los llevan con la complacencia –a decir de los habitantes de Cahuacán– de Martín Sobreyra Peña, quien el pasado primero de julio fue candidato del PRI a la presidencia municipal de Nicolás Romero, aunque perdió.

Para evitar que continuara la tala clandestina, los lugareños presentaron varias denuncias ante organismos de los tres niveles de gobierno, incluyendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de la Defensa Nacional (por el tema del uso de armas largas de los intrusos), pero hasta el momento ninguna de dichas instancias ha actuado, lamentó el abogado.

La situación se complicó aún más en semanas recientes, luego de que un grupo de hombres armados amenazó de forma directa a algunos habitantes de Cahuacán, y advirtió que podría volver a entrar al pueblo para agredir a quienes ubican como los principales organizadores de la resistencia contra la tala.

Hasta antes de ello, indicó Lara, los pobladores hacían rondines por el bosque para disuadir a los invasores, pero sin hacer uso de armas y basando su estrategia en su gran número, pues cada grupo de vigilantes estaba integrado por varias decenas de personas.

Sin embargo, luego de notar las armas que usan los talamontes, los habitantes del pueblo suspendieron los recorridos –para evitar un posible choque– y están considerando adoptar modelos de seguridad comunitaria como los que existen en comunidades de Michoacán y Guerrero, donde los guardias también están armados.

Las autoridades están a tiempo de evitar que la conflictividad suba, pero si no lo hacen, el pueblo seguramente tomará las medidas organizativas necesarias para cuidar su vida. Ellos no tienen la intención de simplemente imitar otros modelos comunitarios de seguridad, pero han dejado claro que no se van a dejar masacrar, alertó Lara.