Dos testimonios centrales en el caso de la masacre de Tlatlaya son el de Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos; y el del teniente coronel de infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien firmó el oficio en el que se ordenaba a los militares atacar a las presuntas bandas criminales antes del amanecer.

En el primero, la víctima detalla la forma en que se dieron los hechos y describe cómo después de un enfrentamiento de casi 30 minutos, los civiles que se encontraban en la bodega deciden rendirse, y pese a ello son ejecutados de manera arbitraria por algunos elementos militares.

Asimismo, narra la forma en que ella y otras dos mujeres fueron detenidas, que estuvieron retenidas de manera ilegal e incomunicadas por varios días y que incluso recibieron maltratos, torturas y amenazas para que firmaran declaraciones en las que daban crédito de la versión de los militares, quienes de acuerdo con la CNDH alteraron la escena de los hechos y habrían privado de la vida de manera arbitraria a entre 12 y 15 civiles.

En su testimonio, el militar reconoce que el oficio que firmó, en el que se da la orden de abatir a delincuentes en horas de oscuridad, es un machote o borrador usado durante esos operativos en el seno del Ejército y al cual sólo se le cambia la fecha, destinatario, área de operaciones en la que se va a trabajar, pero el cuerpo del documento queda intacto.

Agrega que sus dichos se pueden comprobar si se analizan todos los oficios que se suscribieron en esa fecha (30 de junio de 2014) o con anterioridad, cuando se trata de una instrucción.

Clara Gómez González detalla las razones por las que se encontraba en la bodega aquel día (como un intento de rescatar a su hija, de 14 años de edad, que habría sido llevada contra su voluntad por un grupo de presuntos delincuentes). Recuerda que tras la rendición de los civiles que estaban armados, varios seguían vivos. Después de interrogatorios y maltratos por parte de los militares fueron asesinados, entre ellos su hija.

Una vez detenida, recibió presiones para que declarara su liga con la presunta organización criminal y para que describiera los hechos en favor del batallón que participó en el operativo. En caso de que ella y las otras dos mujeres aprehendidas no cooperaran, las iban a coger por el culo. Luego de varios días, fue trasladada a las instalaciones de la Procuraduría del estado de México en Toluca, donde licenciadas les pedían cooperar.

Recuerda haber visto por última vez a su hija con vida, herida, desarmada y pecho tierra para protegerse. Tras una odisea de varios días en instituciones de procuración de justicia (hasta que la dejaron en libertad) regresó con dificultades (no le devolvieron su dinero ni celular) a su casa, en Arcelia, Guerrero, donde un mes después su hijo le mostró las fotos del cuerpo de su hija fallecida con un arma en la mano izquierda (era diestra) y tirada boca arriba, posición en la que jamás la vio.