El juez octavo de distrito en materia administrativa, con sede en Ciudad de México, Fernando Silva García, ordenó que la Presidencia de la República y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidan de manera inmediata si se ratifica o no el nombramiento de los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En una resolución dada a conocer ayer, el juez señaló que el amparo otorgado a integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA es para que el Senado o Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidan inmediatamente sobre la ratificación o no de las nuevas designaciones de los magistrados anticorrupción.

En el juicio de amparo 598/2018, en el que se señala la falta de conclusión del proceso de integración de los magistrados del SNA, los cuales debían ser designados desde 2017, se menciona que la protección de la justicia federal se concedió por ausencia de transparencia en la designación de las propuestas realizadas por el Presidente de la República.

Además, puntualiza que en la ratificación de los magistrados se debe garantizar la publicidad y transparencia y que, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión deberá detallar de una manera objetiva y razonable por qué las personas resultan idóneas para ocupar el cargo.

De esta forma, debe explicarse cuáles son los méritos y la calidad ética y profesional de los 18 magistrados propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto en abril de 2017 para comprobar que cada uno tenga en las materias específicas de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas.

Asimismo, se determinó que el “Presidente de la República deberá publicar las designaciones de los Magistrados Anticorrupción con la justificación de su idoneidad para el cargo en el Diario Oficial de la Federación (…) a fin de que la sociedad y las organizaciones de la sociedad civil puedan emitir sus opiniones acerca de cada uno de los individuos propuestos”.

Consultado sobre el tema, Alfonso Hernández, integrante del CPC, consideró que la sentencia del juez Silva García es una buena noticia, pero advirtió que aún está por verse si se va a llevar a la práctica, al tiempo que señaló que otro gran faltante en el SNA es la designación del fiscal especial.

Por su parte, Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, resaltó lo importante del fallo del juzgador, pues más que significar un aval a la lista de 18 magistrados puede servir como un llamado a que expliquen las razones por las cuales fueron designados por Peña Nieto y, en dado caso, a que se elabore una nueva propuesta.

El listado surgió sin justificación y sin análisis de por qué se les consideró personas idóneas. Lo interesante de la sentencia es que lleva a cumplir con la exigencia de terminar con la omisión, pero también a definir la idoneidad.