Entró en vigor el convenio de cooperación entre México y España para combatir el crimen organizado en sus distintas modalidades, como el tráfico de estupefacientes, precursores químicos, sustancias sicotrópicas, tráfico de migrantes y armas, trata de personas y lavado de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) detalló que el documento fue firmado el 10 de junio de 2014 en Madrid y fue aprobado por el Senado en abril de 2018.

El convenio señala que ambas naciones cooperarán para atender temas trasnacionales como el tráfico, producción y comercio ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y precursores químicos; el tráfico de migrantes y la trata de personas en sus diferentes modalidades; así como detenciones ilegales y secuestros.

La firma del documento tiene relevancia para ambos países en puntos como el tráfico de armas, municiones y explosivos, así como para el intercambio de información sobre las tecnologías que emplean para la fabricación del armamento.

Asimismo, se define que trabajarán contra la explotación sexual de niños, así como en la lucha contra la confección, difusión y facilitación de contenidos pornográficos con participación de menores. Esa forma de operar de las organizaciones dedicadas a ese delito se da por medio de sistemas informáticos o Internet.

Otro punto es el de la promoción, favorecimiento, facilitación de la obtención, trasplante y tráfico ilegal de órganos, tejidos de seres humanos vivos o de cadáveres.

Las estructuras financieras de las organizaciones y el terrorismo son otros puntos que se abordarán en el convenio signado por México y España. La dependencia señaló que también intercambiarán información sobre investigaciones de localización e identificación de personas, objetos y cadáveres.

Se desarrollará la implementación conjunta de estrategias globales y regionales para el combate a la delincuencia organizada, de mecanismos de alerta temprana en los delitos en que incida el crimen organizado sobre precursores químicos y se intercambiará información sobre tortura, desaparición, secuestro, homicidio y otros ilícitos, perpetrados contra servidores públicos.