n una queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la organización ambientalista Greenpeace afirmó que el gobierno federal es responsable por la violación de garantías debido a sus omisiones en la protección de la vaquita marina, especie endémica de una zona del golfo de California que se considera en inminente peligro de extinción. En opinión de esta instancia defensora de la ecología, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y otras dependencias nacionales, han incurrido en falta de coordinación y evasión de responsabilidades en el cumplimiento de sus mandatos, lo que significó la violación de los derechos a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable, entre otros.
Según los datos disponibles, durante los 20 años anteriores la población de este cetáceo, el más pequeño del mundo, ha sufrido una caída dramática, cuya causa principal, a decir de diversas organizaciones ambientalistas y de las propias autoridades, es la pesca ilegal: si bien la especie no es depredada por su propio valor, las vaquitas quedan atrapadas en las redes tendidas para capturar al pez totoaba, cuya vejiga natatoria alcanza valores estratosféricos en el mercado chino.
Pero los esfuerzos por salvar a las pocas decenas de vaquitas marinas que sobreviven entran en conflicto con el derecho de los pescadores que habitan la península de Baja California a ganarse el sustento con las actividades que han realizado desde generaciones atrás. Por una parte, quienes defienden el conservacionismo a rajatabla no establecen ninguna distinción entre las comunidades pesqueras, los pescadores furtivos y las grandes trasnacionales de la pesca industrial, aunque sean muy distintos los métodos de unos y otros; por otra, los habitantes denuncian que los apoyos otorgados por el gobierno federal para brindar sustento económico a los pescadores a cambio de que éstos se abstengan de practicar su actividad –alrededor de 44 millones de pesos al mes entre 2015 y mayo de 2017– fueron captados por personas cercanas a las autoridades, dejando a su suerte a los afectados por la veda pesquera impuesta en la región.
La Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras (Conmecoop) y la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca) afirman, por su parte, que ambientalistas y autoridades pasan por alto una de las principales razones de la debacle en la población de la vaquita marina, a saber, la construcción de la presa Hoover en el sector estadunidense del río Colorado, el cual desemboca justamente en el golfo de California y cuyas aguas dulces resultaban cruciales para mantener el delicado ecosistema en el cual habita el cetáceo.
El gobierno mexicano ha destinado ingentes recursos a prolongar la existencia de una especie que, según todos los actores con conocimiento de causa, se encuentra prácticamente desahuciada, pero hasta ahora este esfuerzo se ha saldado con un claro fracaso: no hay una mejoría en las expectativas de supervivencia de la vaquita marina, pero se ha alterado severamente la vida de los pescadores locales y sus familias.
Ojalá que la lamentable experiencia sirva para replantear las estrategias de conservación de especies, una tarea fundamental dada la escala de los daños infligidos al equilibrio ecológico por las lógicas depredadoras del sistema económico imperante.
