Nueva York

Donald Trump señaló este martes que la tasa de homicidios en México justifica aún más la necesidad de construir el muro fronterizo, mientras en el Senado funcionarios de su gobierno justificaron la política de separación de niños ignorando más revelaciones sobre los abusos que sufrieron los menores de edad.

Trump tuiteó que una de las razones por la que necesitamos gran seguridad fronteriza es que la tasa de asesinatos de México en 2017 se incrementó 27 por ciento, a 31 mil 174 personas. ¡Un récord! Esto, aparentemente, después de ver esas cifras en su canal favorito: Fox News.

Trump reiteró ayer por la tarde que –contra los deseos de los líderes republicanos en el Congreso– está dispuesto a cerrar el gobierno si el Congreso rehúsa financiar el muro (ya no ha mencionado que México lo pagará), pues la seguridad fronteriza es seguridad nacional.

Mientras, altos funcionarios del gobierno defendieron la política de separación de familias, condenada universalmente. En una audiencia sobre el tema ante el Comité Judicial del Senado, Matthew Albence, del Servicio de Inmigración, aseguró que las condiciones en los centros de detención familiares son semejantes a campamentos de verano, con todo tipo de actividades recreativas y atención a la salud.

Al senador se le preguntó si estaría dispuesto a dejar a su hijo en esos centros, y respondió: Creo que no estamos sobre el punto. Estos individuos están ahí porque han violado la ley.

Los funcionarios fueron interrogados sobre el manejo caótico que hicieron primero de las separaciones y después la reunificación de las familias ordenada por un juez federal. Unos 711 niños de los más de 2 mil 500 separados desde mayo aún están bajo custodia federal y 431 de ellos porque el gobierno deportó a sus padres.

El senador Dick Durbin, segundo en rango en la bancada demócrata, declaró: Alguien en el gobierno necesita asumir la responsabilidad. Y en nombre de los 711 niños perdidos y la decencia común exigió la renuncia de la arquitecta de ese desastre humanitario: la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen.

Más sorprendente fue la voz disonante del comandante Jonathan White, del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos –funcionario de carrera, quien ha trabajado durante varias administraciones–, quien declaró que no hay duda de que la separación de niños de sus padres implica un potencial significativo para un daño sicológico traumático al menor.

Cada día hay más revelaciones sobre abusos y condiciones peligrosas en albergues para menores de edad y centros de detención de familias. De hecho, el lunes la juez federal Dolly Gee ordenó al gobierno de Trump dejar de administrar drogas sicotrópicas a niños migrantes en albergues y centros de detención sin el consentimiento de sus padres o guardianes.

Aunque oficiales insistieron en que sólo fueron administradas en emergencias, niños testificaron que fueron obligados a tomar píldoras y algunos fueron inyectados a la fuerza.

Se continúan documentando los daños sicológicos que sufrieron niños tras ser separados e internados en albergues, los cuales se manifiestan tras ser devueltos a sus familias.

ProPublica investigó una red opaca de esos albergues en Illinois.

Agrupaciones de todo tipo –desde organizaciones nacionales y locales enfocadas en defensa de migrantes, hasta iniciativas de voluntarios recién creadas– continúan organizando esfuerzos de apoyo para las familias reunificadas y/o para denunciar esa política en todo el país.

Ayer comenzó la caravana Treinta abuelas responden, desde Nueva York y otros puntos del país, que se juntará en la frontera, donde se sumarán también otros, incluyendo algunos veteranos de guerra, de Veterans Service Corps, que participaron y ofrecieron seguridad a la gran movilización de defensa ambiental en tierras indígenas de Standing Rock hace un par de años.