decir de Rosalía Castro, vocera del Colectivo Solecito, que se ha consagrado a la búsqueda de restos de personas desaparecidas en Veracruz, unos 300 cuerpos inhumados de manera clandestina han sido localizados en los recientes dos años en un predio localizado al norte del puerto de ese nombre, cerca del fraccionamiento colinas de Santa Fe. La activista denunció que el gobierno saliente de la entidad, que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, ha incumplido su promesa de campaña de otorgar apoyo a los colectivos de familiares de desaparecidos. “Este trabajo –señaló, refiriéndose a la recuperación de restos en el terreno referido– lo hemos hecho las madres; lo debería estar haciendo el Estado, pero lo hemos hecho nosotras”.

Además de Guerrero, Veracruz es un caso ilustrativo de la persistencia en el país de la desaparición de personas a pesar de las alternancias políticas, las reformas legales, la creación de nuevas dependencias y los discursos. En la segunda de esas entidades la sucesión de Javier Duarte de Ochoa, priísta, por Yunes Linares, formalmente inscrito en Acción Nacional, no se ha traducido en una reducción de la violencia y la criminalidad que azotan al estado; por el contrario, en algunos indicadores esas expresiones se han incrementado en el curso de 2017 y lo que va de 2018.

Tampoco ha cambiado la insensibilidad, la indolencia y la carencia de empatía con que las autoridades tratan a los familiares de desaparecidos, como lo señalan las quejas de los colectivos, los cuales no sólo refieren la total falta de colaboración del gobierno estatal sino que denuncian también prácticas de ocultamiento de cifras y pérdidas deliberadas o accidentales de restos, pruebas e indicios. En suma, la labor de grupos como el Colectivo Solecito no sólo deja al desnudo la exasperante incapacidad de las entidades gubernamentales para garantizar la vida, la seguridad, la integridad física y la libertad de las personas, sino también la ausencia de voluntad para esclarecer y hacer justicia, así como el total desconocimiento de las obligaciones de reparación y acompañamiento.

Estas circunstancias trágicas e inadmisibles se repiten en numerosas regiones. Ayer mismo se dio a conocer el hallazgo de una fosa con varios cuerpos en la comunidad colimense de Tecolapa, municipio de Tecomán, cerca de la carretera Colima-Manzanillo. Es inevitable suponer, por desgracia, que una buena parte de los desaparecidos en los dos pasados sexenios (2006-2018) fueron inhumados en fosas clandestinas que, en su mayoría, están por ser descubiertas. Hasta ahora, la tarea terrible de localizarlas y explorarlas ha sido llevada a cabo principalmente por familiares desesperados, incansables y resueltos, además, abandonados por poderes públicos que no fueron capaces de hacer efectivo el derecho de los ausentes a la vida y a la libertad.