a espiral de violencia y la descomposición social en las que está sumido el país desde hace más de una década afectan casi a toda la población, pero resultan particularmente dolorosas y exasperantes cuando sus víctimas son personas de grupos de población particularmente vulnerables. Es el caso de las mujeres y de los niños de ambos sexos, quienes padecen agresiones físicas, sicológicas, sexuales y económicas, violencia doméstica y también, claro, desaparición forzada, tortura y asesinato, particularmente en su modalidad de feminicidio. Así lo señaló el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Aunque esa instancia internacional reconoció que en el país se han adoptado algunas medidas legislativas e institucionales para combatir la violencia de género, sigue profundamente preocupado por los patrones persistentes de ese fenómeno y por su carácter generalizado, y señaló que la inseguridad predominante resulta en una negación efectiva de los derechos humanos de mujeres y de menores de edad en el país.

Por otra parte, Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), afirmó ayer que México ocupa el primer lugar entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en casos de violencia y abuso sexual en contra de niñas. Señaló, asimismo, que en el territorio nacional mueren asesinados cada día 3.1 menores, que entre 2006 y 2016 casi 7 mil niños fueron desaparecidos y siguen sin ser localizados y que uno de cada tres menores dice sufrir agresiones en la escuela. Sin embargo, dijo, los más de 13 millones de pubertos y adolescentes de entre 12 y 17 años que hay en la nación son vistos desde la política pública como un tema de conflicto.

De su lado, Christian Skoog, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, advirtió que niños y adolescentes enfrentan una violencia generalizada en el hogar, en la escuela y en la calle.

Es desolador el que el Estado mexicano sea incapaz de proteger de todas las formas de violencia –desde la doméstica hasta la que despliega la criminalidad organizada– a su población en general le indigna el que no logre ni siquiera preservar la integridad física y sicológica de quienes se encuentran en una posición más vulnerable en razón de su edad y a las que, menores o adultas, deben enfrentar, además del deterioro de la seguridad pública, un machismo inveterado que es en sí mismo factor de violencia.

Por lo demás, es necesario reflexionar sobre el hecho de que la tolerancia, la inacción o la incapacidad oficial y social ante toda suerte de maltratos, abusos y agresiones a menores no pueden augurar sino el desarrollo de una generación formada en la violencia, el atropello, la ausencia de solidaridad y la carencia de empatía. Si el país entero no logra asumir la dimensión de este problema, hacerle frente y empezar a combatirlo desde ahora, no habrá manera de parar el avance de los procesos de descomposición social, ética e institucional que lo afectan hoy día; estaremos, en suma, condenados a una caída en la barbarie.