Es importante que la sociedad civil señale prácticas como la separación de familias migrantes indocumentadas y pugne porque este tipo de políticas cambie, dijo Christopher Gascon, jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de México.

El diplomático internacional señaló que el brazo de las Naciones Unidas para las migraciones es respetuoso de las políticas que apliquen los países, no obstante, es importante que lo hagan respetando los derechos humanos y que cumplan con las obligaciones de la ley internacional.

Gascon expuso que la ley criminal no debería ser aplicada en casos migratorios; en su lugar, el fenómeno debería abordarse desde un plano administrativo. Asimismo, expresó que lo recomendable es que la detención de personas migrantes debería ser vista como el último recurso y mejor buscar la posibilidad de opciones menos restrictivas, cuando sea posible.

El diplomático expresó que los niños tienen derecho a una familia, la separación de ella no es aceptable a menos que así lo determine el principio del interés superior del niño.

Hizo mención de las acciones que ha llevado a cabo el canciller mexicano Luis Videgaray en torno a la política estadunidense de separar familias migrantes indocumentadas en la frontera, como reunirse con el secretario General de la ONU, António Guterres; obviamente es un asunto de interés público y lo que hemos visto que es un reclamo social generalizado.

Esta exigencia social, apuntó Gascon, resultó en una reconsideración de la práctica, por eso es importante que la sociedad civil las impulse para que esta clase de políticas cambie.

El jefe de la Misión de la OIM destacó, por otro lado, la importancia del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, el cual tuvo origen en 2016. De acuerdo con información oficial, el documento se encuentra en su tercera fase, que incluye la preparación del borrador cero por parte de los representantes de México y Suiza ante las Naciones Unidas .

Dicho texto se hizo público el pasado 5 de febrero y servirá como base para las negociaciones finales del pacto, que comenzaron el 20 de febrero en las Naciones Unidas y deberán concluir para julio de 2018, después de seis rondas de negociaciones.