n México, en materia de salud la letra impresa está separándose progresivamente de los datos de la realidad. No es el único rubro donde sucede esto pero sí es uno donde el fenómeno resulta más preocupante, porque concierne a un elemento esencial para el desarrollo individual y colectivo de las personas, y por extensión para el crecimiento del país en su conjunto.

La legislación nominalmente orientada a constituir un Sistema Nacional de Salud Universal se ha reflejado en diversos cambios cuyos propósitos generales son mejorar las condiciones de salud de los mexicanos, abatir las desigualdades existentes en esta materia, asegurar un adecuado financiamiento para el sector y brindar un trato adecuado a los usuarios de los servicios. En el proceso, sin embargo, el enfoque social que el Estado daba originalmente a esos servicios ha ido diluyéndose de manera paulatina, y aunque tanto la asignación de recursos como la afiliación a esquemas de aseguramiento público se han mantenido a la alza, las deficiencias (y en ocasiones carencias) de las instituciones públicas de salud están favoreciendo la participación privada en el sistema.

Pese a que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el más reciente Seguro Popular atienden a un número considerable de usuarios, 42 por ciento del gasto en salud en el país es solventado por la propia población (el llamado gasto de bolsillo, formado por los recursos que las familias destinan a la atención de los distintos requerimientos de salud), proporción que contrasta notablemente con el promedio que para esos fines registran los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que difícilmente llega a 20 por ciento. En total, 52 por ciento del gasto total del rubro es ejercido por el Estado y el resto proviene de fondos privados. A esto debe agregarse que el gasto aplicado a labores administrativas en México triplica al de las restantes naciones de la OCDE, lo cual habla de un derroche burocrático que necesariamente conspira contra el buen funcionamiento de los servicios.

Es precisamente esto lo que determina, por ejemplo, que usuarios que en teoría disponen de los servicios que ofrecen las distintas instituciones de salud pública opten por acudir a consultas privadas; de hecho, alrededor de la mitad de quienes se atienden (o lo han hecho) en las primeras se manifiestan disconformes con ellas.

Los hospitales de los servicios de salud tienen deficiencias de equipamiento y atención, además de que a menudo sufren una alarmante escasez de medicamentos; y como si eso no fuera suficiente, existe una inquietante cantidad de obra hospitalaria que se encuentra a medio construir y que al parecer nadie tiene intención de terminar.

Los objetivos descritos en el Programa Sectorial de Salud son ciertamente loables, en tanto proponen mejorar el acceso a los servicios de salud con calidad para todos; pero si no se traducen en medidas efectivas y observables, corren el riesgo de quedarse en meras declaraciones de principios, de las que sirven para ilusionar en época de elecciones pero luego terminan en el cajón de las promesas incumplidas.