l primer tribunal colegiado del decimonoveno Circuito, en Tamaulipas, ordenó ayer la reposición del procedimiento seguido hasta la fecha por la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a las atrocidades perpetradas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron saldo de seis muertos y 43 estudiantes normalistas desaparecidos. A juicio de esa instancia judicial, la investigación de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, como demanda la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.
En la medida en que en México se carece de una fiscalía independiente, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, resolvieron la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia (caso Iguala) que deberá integrarse por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, con la condición de que los dos primeros decidan las líneas de investigación a seguir y las pruebas a desahogar, y tendrán la facultad de incorporar a la investigación a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que ellos decidan.
La sentencia reviste una importancia innegable, dado que abre una posibilidad concreta para esclarecer un asunto que durante casi cuatro años ha sido manejado con una exasperante carencia de pulcritud por parte de la procuración federal de justicia, la cual aún sigue aferrada a la insostenible versión presentada a finales de 2014 por el entonces titular de la institución Jesús Murillo Karam, según la cual los jóvenes normalistas fueron capturados por la policía municipal de Iguala y entregados a un grupo delictivo que opera en esa ciudad, el cual los habría trasladado a la vecina Cocula para asesinarlos e incinerar sus cuerpos en el basurero municipal de esa localidad. Tal relato, que fue llamado la verdad histórica
por su autor, fue desmentida desde diversos puntos de vista técnicos por científicos, académicos, activistas y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que revisó la actuación de la PGR.
Para colmo, la autoridad ha sido omisa en asumir líneas de investigación de evidente interés, como la posibilidad de que los muchachos normalistas hubieran tomado un autobús que, sin ellos saberlo, habría podido estar cargado con droga destinada a Estados Unidos, o la documentación de llamadas desde algunos celulares de los jóvenes desaparecidos que se hicieron en las inmediaciones de la sede del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y en las instalaciones del Campo Militar Número Uno, o el papel desempeñado por los efectivos de las policías estatal y federal y los elementos militares que se encontraban presentes en Iguala la noche de ese episodio de flagrante barbarie.
Durante casi cuatro años tales interrogantes, más otras, han gravitado en la conciencia del país al lado de la pregunta principal: ¿dónde están los jóvenes desaparecidos y qué les hicieron? La incertidumbre al respecto y el desaseo de la autoridad responsable de procurar justicia erosionaron en forma severa la credibilidad institucional del gobierno, y contribuyeron en forma decisiva a abultar la marca de impopularidad del actual jefe del Ejecutivo federal y, desde luego, han significado un infierno para los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los cuales han mantenido durante más de 40 meses una lucha admirable para lograr el esclarecimiento de lo sucedido, el paradero de sus muchachos y la procuración e impartición de justicia verdadera.
Por su propio bien, cabe esperar que el gobierno federal no se inconforme con el fallo referido y acepte, así sea en su tramo final, colaborar de manera plena y decidida en el esclarecimiento de este caso y en la identificación de los más altos responsables. Es pertinente hacer votos, asimismo, por que la comisión de la verdad logre desentrañar las razones de un desempeño institucional tan defectuoso e insuficiente que incubó en la sociedad la justificada sospecha de que toda la investigación de la PGR fue y sigue siendo un ejercicio de encubrimiento que ha dañado al país casi tanto como el mismo crimen de Iguala.
