omo ocurrió en 2006, algunos grandes empresarios han enviado mensajes al personal de sus empresas para instarlo a emitir su voto en un sentido determinado el próximo primero de julio. Aunque en las redes sociales se maneja una lista mucho mayor, se ha documentado la existencia de tales circulares o videos en el caso de los grupos corporativos Herdez, México y Vasconia. El denominador común de esos mensajes es que buscan sembrar temor ante el posible triunfo en las urnas de un candidato presidencial al que se acusa de populista, regresivo y peligroso para la estabilidad económica y para la conservación de lo bueno alcanzado; la caracterización negativa alude en forma reconocible a Andrés Manuel López Obrador y encaja en la imagen que los adversarios de éste, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, han procurado difundir en el proceso electoral en curso y que proviene, a su vez, de la campaña negra emprendida en contra del tabasqueño por Acción Nacional y sus aliados empresariales en 2006.

Los mensajes de Héctor Hernández Pons Torres (Herdez), José Ramón Elizondo (Vasconia) y Germán Larrea (Grupo México) a sus respectivos trabajadores denota, además, un ejercicio indebido de la jerarquía laboral y del poder patronal con el claro propósito de inducir o coaccionar el sufragio de los empleados.

Ciertamente, en tanto que ciudadanos, los dueños de las corporaciones son libres, como cualquier otra persona en uso de sus derechos políticos, de manifestar sin tapujos sus preferencias y de hacer campaña por el aspirante presidencial y las fórmulas partidistas que les parezcan más adecuadas. Pero el uso de sus compañías y marcas como instrumento de propaganda electoral constituye una contravención de las disposiciones legales en la materia, además de una expresión contraria al espíritu democrático que se hermana con las peores prácticas del voto corporativo y bajo cuerda que por décadas han impuesto a sus afiliados los sindicatos charros, las centrales campesinas oficialistas y grupos de choque del priísmo tradicional.

Por otra parte, la reiterada pretensión de algunos barones del dinero de convertir su poderío económico en factor político decisivo en la conformación de las instituciones públicas, representa uno de los más graves vicios de la vida republicana nacional, distorsionada por el peso de los grandes capitales en las decisiones de los órganos ejecutivos, legislativos o judiciales, y constituye una de las modalidades más flagrantes de la corrupción que padece México.

No debiera olvidarse que en 2006 la irrupción de los empresarios en contra del entonces candidato de la coalición Por el Bien de Todos fue uno de los factores que llevó al grave déficit de legitimidad con el que hubo de gobernar Felipe Calderón. En el caso presente, una actitud similar ensucia el proceso electoral y prefigura tensiones y problemas de gobernabilidad posteriores, sea cual sea el resultado de las urnas.

Para finalizar, las sociedades mercantiles no son, de acuerdo con el marco legal vigente, sujetos de acción electoral, como no lo son las iglesias ni los clubes deportivos; en forma inversamente análoga, los partidos políticos no deben verse como entidades lucrativas, y no es bueno para nadie la infracción de esta lógica cívica elemental. Si los grandes empresarios pretenden dar lecciones de civilidad política a sus empleados, tendrían que empezar por respetar las leyes y normativas que rigen los procesos electorales, actuar a título individual en tanto que ciudadanos y administrar sus compañías en el ámbito estricto de los negocios lícitos.