n México, como en América Latina, desde hace décadas los pueblos indígenas se han convertido en sujetos políticos que reclaman derechos colectivos, de pueblos, que es lo que son. Este hecho histórico colocó a los estados nacionales en una crisis que los obligó a pactar con ellos acuerdos de transformación para que pudieran incluirse en la vida nacional, como parte de la sociedad, de donde habían sido excluidos desde que los españoles llegaron a estas tierras. Casi todos los países de América Latina realizaron pactos con sus pueblos donde invariablemente aceptaban reconocerlos como sujetos de derecho, sus derechos colectivos (autonomía, territorio, gobiernos y sistema de justicia propios, entre los más importantes). Sólo que a la hora de su reconocimiento y ejercicio, esos pactos se minimizaron al extremo de que en muchos casos quedaron diluidos. Desde entonces, es bien visto que los políticos hablen de reconocer a los pueblos indígenas y sus derechos, así como crear las instituciones y los mecanismos para que puedan ser exigibles.

En México, este pacto se realizó el 16 de febrero de 1996, después de meses de negociaciones entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, que dieron como resultado los acuerdos de San Andrés. Cuando se suscribieron el presidente de la República era Ernesto Zedillo, quien pronto dijo que no los cumpliría y hasta envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos indígenas distinta a lo pactado. Vicente Fox lo relevó en el puesto y entre sus desplantes prometió resolver el problema de la rebelión zapatista en 15 minutos; envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas elaborada con base en los acuerdos de San Andrés, pero dejó que éste la modificara sustancialmente sin decir nada, provocando que los indígenas repudiaran la reforma acordada y el EZLN se alejara del diálogo y se propusiera construir autonomías de hecho. Los que les siguieron en la Presidencia trivializaron el asunto de los derechos indígenas hasta más no poder, aunque siempre encubrieron sus acciones tras un lenguaje de políticas transversales.

En las actuales campañas para elegir presidente de la República, la trivialización de los derechos indígenas continuó por bastante tiempo, hasta hace unas semanas que la Alianza Jun­tos Haremos Historia, formada por los partidos Morena, PT y Encuentro Social, cambiaron su estrategia, con una agenda básica y un pronunciamiento que nombraron Por una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. Los documentos llaman la atención porque, más allá de la retórica, ninguno de los tres partidos que integran la alianza se ha distinguido por su interés en los derechos indígenas, aunque no se puede negar que en la campaña han incorporado gente interesada en ellos y que conoce del tema; pero también sobresale en ellos un lenguaje trillado de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, instituciones y políticas transversales y de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, muy parecida a la que algunas organizaciones presentaron en 2000 a Vicente Fox.

No digo que esté mal lo que dicen, afirmo que el lenguaje con que lo hacen es más para consumo de po­líticos que para entendimiento de los pueblos in­dígenas. Creo que a éstos puede interesarles más –y con ello ofrecerles su voto que es lo que se busca en esta coyuntura– saber si junto con el reconocimiento de las autonomías se van a reconocer los municipales y los diputados –locales y federales– indígenas, como forma específica de organización y no sólo procedimiento electoral, si el reconocimiento de territorios llevará consigo la cancelación de las concesiones mineras y de aguas entregadas por el gobierno actual y los anteriores, violando sus derechos, si se va a impedir que se siga legislando para evitar que las multinacionales se hagan con el patrimonio cultural de los pueblos, si las políticas de desarrollo, en lugar de seguir siendo transversales van a permitir que los pueblos determinen autónomamente el tipo de vida que quieren.

De los otros partidos no digo nada porque no hay nada que decir, porque nada han dicho sobre este asunto. Si Juntos Haremos Historia ya dijo su palabra no estaría bien hacer como que no lo ha hecho y no escucharla. Aunque la preocupación central de los pueblos en esta coyuntura sea ver cómo detienen la represión y la avalancha de invasiones que buscan despojarlos de su patrimonio, podrían hacer un espacio para analizar la palabra empeñada y si la consideran verdadera aceptarla y organizarse para, en caso necesario, exigir que se cumpla. Históricamente, los gobiernos cercanos a los pueblos reciben muchas presiones para no cumplir sus promesas de campaña o sus propósitos de gobierno; por eso se necesita organización para defender al gobierno y obligarlo a cum­plir su palabra empeñada. Se trata de asuntos de primer orden que no pueden dejarse sólo en manos de políticos con intereses ajenos a los de los pueblos indígenas.