iles de personas salieron ayer a las calles en varias ciudades de Brasil en demanda de la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sometido a una persecución judicial y encarcelado por el actual régimen como una forma de impedir que compita en la elección presidencial de octubre próximo, para la cual es el aspirante más favorecido por las encuestas de intención de voto. Las manifestaciones de este domingo fueron también el arranque de la campaña de Lula da Silva, cautivo desde principios de abril pasado y condenado a 12 años de prisión por cargos relacionados con corrupción, que muchos analistas consideran fabricados. Así, muchos brasileños, convocados en las redes sociales con la etiqueta #MaisCandidatoQueNunca, participaron en movilizaciones en Brasilia, Río de Janeiro, Sao Paulo y Curitiba –donde el ex mandatario se encuentra recluido– y otras ciudades del país sudamericano.
Este no es el único conflicto político de envergadura que enfrenta el régimen encabezado por Michel Temer. Los bloqueos carreteros en protesta por los incrementos en los gravámenes al diésel cumplieron una semana y generaron desabasto en supermercados y problemas en los sistemas de transporte público y recolección de basura, en tanto que gasolineras y aeropuertos enfrentaban una aguda escasez de combustibles. Ante esta oleada de malestar social, el gobierno interino que asumió tras el golpe de Estado parlamentario perpetrado en contra de la presidenta Dilma Rousseff ha recurrido a la amenaza de emplear a los militares para reprimir a los inconformes y a conatos de diálogo sin resultados visibles.
En la vecina Argentina las cosas no pintan mejor. El viernes anterior miles de personas se concentraron en la capital, Buenos Aires, para protestar por el acuerdo que el presidente Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional, el cual implica la agudización de las medidas económicas antipopulares –tarifazos, recorte de derechos laborales, cesiones de soberanía, entre otras– aplicadas desde el inicio de su gestión por el mandatario derechista. La manifestación, convocada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, reunió a todas las oposiciones, centrales sindicales, cooperativas, causas sociales –notablemente, el movimiento Ni Una Menos en contra de los feminicidios– y a representantes de la Iglesia católica. Fue una muestra del descontento social que enfrenta Macri a más de tres años de su arribo a la Casa Rosada como resultado de una elección que puso fin a 12 años de gobiernos progresistas encabezados por el fallecido Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández.
Salvando las diferencias –la más acusada es que Temer es un gobernante de mínima legitimidad, en tanto que Macri ejerce la Presidencia por decisión de los ciudadanos–, los regímenes de derecha establecidos con diferencia de meses en las dos mayores naciones de América del Sur han entrado en crisis antes de lo que muchos habrían imaginado. Las políticas regresivas de ambos se traduce en sendos desastres sociales y económicos y ninguno de ellos parece haber sido capaz de generar un respaldo sólido y orgánico en la sociedad.
De no ser por el apoyo de élites oligárquicas y, en el caso brasileño, en extremo corruptas, podría pensarse que han agotado su camino y la interrupción del ciclo progresista, integracionista y social que se desarrolló en la región en la década pasada y en la mitad de ésta, es un paréntesis menor en una tendencia de alcance histórico.
Por el bien de las sociedades brasileña y argentina, y por el de toda América Latina, cabe esperar que así sea y ambos países puedan, en breve, superar los episodios de recaída neoliberal que representan Macri y Temer y volver al cauce de los proyectos nacionales soberanos y con sentido social.
