El ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, Miguel Álvarez Gándara, se manifestó en contra de la posible aprobación de la ley de seguridad interior (LSI) –actualmente en análisis en el Senado– e incluso solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, en caso de ser avalada dicha norma, presente una acción de inconstitucionalidad para frenarla.

Al recibir el galardón, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el fundador de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) subrayó que la LSI forma parte de la misma estrategia basada en la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que ya ha demostrado estar equivocada.

Se piensa que más fuerza es igual a más seguridad, pero la realidad nos demuestra lo contrario. Más fuerza termina generando más muertes. Por ello, soy de los que piensan que una ley de seguridad interior no debe responder a la lógica de coyuntura para continuar la actual estrategia de seguridad: lo que hace falta es cambiar esa lógica y estrategia, resaltó.

En medio de aplausos de los asistentes a la ceremonia, el activista recalcó que dicha norma no debe prosperar, porque representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona, por lo que pidió al gobierno federal, a las fuerzas armadas y al Senado que profundicen el diálogo y la escucha por el bien del país. No se cierren.

Fue en ese contexto que solicitó a la CNDH que, en el deplorable caso de que esa ley fuera promulgada, ejercite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad que abre el camino para su invalidez.

De igual forma, Álvarez Gándara llamó a generar condiciones pacíficas para atenuar la tensión polarizada que ahora crece, y enumeró una serie de retos en materia de derechos humanos que deben ser atendidos, entre ellos la aplicación adecuada de la reciente ley sobre desaparición forzada y la atención a las demandas de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

Antes de la intervención del fundador de Serapaz, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, coincidió en que la certidumbre que se busca para nuestras fuerzas armadas no se logrará con una ley como la que actualmente se debate en materia de seguridad interior, que propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad.

El ombudsman enfatizó que la sola existencia de diferencias conceptuales profundas sobre lo que debe entenderse por seguridad interior sería razón suficiente para dar paso a una reflexión amplia e informada sobre este tema.

Subrayó que además de definir las condiciones de la intervención extraordinaria de los soldados, se debe propiciar el fortalecimiento de capacidades de las policías civiles, y sentar las bases para el retorno gradual y verificable de las fuerzas armadas a las funciones que les son naturales, en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.

Recalcó: Limitar nuestras opciones al despliegue reactivo de las fuerzas armadas, bajo la denominación que se le pretenda dar, sólo podrá atender los síntomas, mas no dará una solución de fondo a los problemas.

Abordado por los medios al término de la ceremonia, respecto de la petición de Álvarez Gándara de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la LSI, el ombudsman señaló que esperaría a que se agote la determinación del órgano legislativo (el Senado) para hacer la valoración y el análisis sobre la constitucionalidad del proyecto que determinen en su caso y, desde luego, tenemos 30 días, a partir de que llegaran a determinar una ley, para acudir a la Corte.

Además, se entregó medalla y mención honorífica a Lucía de los Ángeles Genao, fundadora del colectivo Solecito de Veracruz. En su nombre, el reconocimiento lo recibió su esposo, Mauricio Cruz.

Entablar diálogo con organizaciones de la sociedad civil, exhorta el Presidente al Senado

Rosa Elvira Vargas y Fernando Camacho

Ante los señalamientos de Manuel Álvarez Gándara, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, y del ombudsman Luis Raúl González hacia la ley de seguridad interior, el presidente Enrique Peña Nieto llamó al Senado, instancia donde hoy se encuentra esa norma, a ampliar el diálogo y acercamiento con las organizaciones civiles y escuchar todas las voces para realmente enriquecer esa legislación.

Para el mandatario, la sociedad y el gobierno enfrentan el reto de hacer compatible la actuación de las fuerzas armadas, hoy indispensable en muchas regiones del país, con la necesidad de construir instituciones civiles eficaces y en un marco de respeto pleno a los derechos humanos.

En tres párrafos de su mensaje de 11 minutos, el presidente Peña abordó el polémico tema de la ley de seguridad interior, aprobada ya en la Cámara de Diputados y enviada como minuta a la cámara alta. Se requiere contar con ese marco jurídico, subrayó.

Sé que existen, como aquí lo hemos escuchado, distintos puntos de vista respecto de esta ley, y aquí hemos escuchado las distintas ópticas como, estoy seguro, habrá más entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, entre sectores de la sociedad y la propia (visión) de quienes tienen la responsabilidad de asegurar condiciones de seguridad para la sociedad desde responsabilidades públicas, expresó.

La discusión en el Senado, añadió, se ha extendido y ello permitirá tomar en cuenta los diversos ángulos sobre dicha ley.

Así lo espero y deseo, y desde aquí hago un llamado al propio Senado de la República para que amplíe los espacios de diálogo, de acercamiento, con las distintas organizaciones de la sociedad civil para poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada.

En Los Pinos entregó a Álvarez Gándara, fundador de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) la edición de este año del Premio Nacional de Derechos Humanos, así como una mención honorífica a Lucía de los Ángeles Genao, de la organización Solecito de Veracruz. Esta última la recibió, en su representación, su esposo Mauricio Cruz Reyes.

A la ceremonia acudieron representantes de organizaciones civiles y titulares de entidades públicas dedicadas a la defensa de derechos. Y cuando concluyó, desde el área de invitados se escuchó un grito de varias personas: ¡Seguridad sin guerra! La proclama coincide además con el nombre de un colectivo de diversa procedencia creado a partir de la discusión sobre la ley de seguridad interior.

El presidente Peña felicitó el trabajo de 45 años de Manuel Álvarez, en favor de la restauración de la dignidad a las víctimas, la reconciliación y la construcción de la paz.

Se refirió además a la labor de Solecito de Veracruz, en la cual, dijo, un grupo de madres se han organizado para buscar a sus hijos y luchar por los derechos de las personas desaparecidas. Se trata de situaciones que causan sufrimiento en las víctimas y sus familiares, que lastiman a nuestra sociedad y ante las cuales el Estado tiene la obligación de intervenir.

Resaltó entonces la reciente promulgación de la ley general sobre desaparición de personas, a partir de la cual las instituciones previstas en la misma serán verdaderos instrumentos para proteger derechos, asegurar procesos de búsqueda más eficaces y preservar la dignidad de las personas.

Coincidió además con el fundador de Serapaz, pues si se quiere avanzar en el respeto a los derechos humanos se deben resolver las causas estructurales, aquello que genera la violencia, y hace frágiles y vulnerables a sectores sociales: la desigualdad.

Debe cerrarse la brecha, dijo también Peña Nieto, entre quienes más tienen y los muchos que menos tienen, y para ello es fundamental tener normas claras y precisas e instituciones sólidas y efectivas que garanticen la primacía de la ley.