os alumnos de amplias zonas de Oaxaca y Chiapas reciben clases en recintos improvisados o se encuentran temporalmente excluidos del derecho a la educación debido a que decenas de planteles continúan cerrados tras el sismo que el 7 de septiembre devastó la región. En el caso oaxaqueño, las localidades del Istmo de Tehuantepec registran los mayores daños, como ejemplifica el caso de Juchitán, donde 87 de las 149 escuelas quedaron destruidas, mientras, en el estado colindante, el Soconusco presenta un escenario particularmente dramático, con niños estudiando en las calles o en instalaciones que amenazan su integridad física. Esta exasperante situación llevó a que ayer padres de familia y alumnos chiapanecos bloquearan la frontera con Guatemala y efectuaran cortes de vía en la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez.
Aunque las entidades del sur del país presentan el mayor número de escuelas cerradas, esta situación persiste también en la capital del país desde el sismo del 19 de septiembre. Pese a la promesa de la representación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México –según la cual las clases se encontrarían totalmente restablecidas desde el pasado lunes 11 de noviembre–, apenas hace cuatro días padres de familia de la escuela primaria 21 de Marzo, ubicada en la colonia Roma Sur, efectuaron una protesta para exigir la apertura de ese plantel. Las manifestaciones de desesperación de la comunidad se han dado también, de manera constante, en las delegaciones Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac, en las cuales más de un centenar de primarias y secundarias permanecían cerradas el mes pasado.
Transcurridos tres meses del movimiento telúrico que afectó a las entidades del sureste, y 11 semanas del que golpeó a la Ciudad de México, el estado de México, Morelos y Puebla, resulta simplemente inaceptable que existan aún planteles en los cuales ni siquiera se ha emitido un dictamen de seguridad, así como el hecho de que en otros no se dé inicio a las labores de reconstrucción porque no se liberaron de manera oportuna los recursos ya asignados a estos fines.
En este contexto, la renuncia del titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, así como la permanente distracción de otros funcionarios en asuntos electorales, constituyen una pésima señal acerca del lugar que la atención a los damnificados ocupa entre las prioridades de los gobernantes y otras figuras de autoridad. Con tal actuación, los integrantes de los grupos políticos erosionan de manera irremediable la confianza de la ciudadanía en las instituciones legalmente constituidas para velar por las necesidades de la población.
Para reconstruir dicha confianza –además de por elemental obligación– es de imperiosa necesidad que los tres órdenes de gobierno tomen las medidas conducentes para la reapertura inmediata de todos los planteles educativos en condiciones óptimas para el desarrollo de sus funciones.
