Buenos Aires.

El diputado provincial del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Raúl Godoy, resultó herido junto con otros manifestantes reprimidos violentamente en la provincia de Neuquén, cuando protestaban ayer frente a una fábrica maderera que despidió a casi un centenar de trabajadores, acción en la que participaron agentes provinciales y del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Federal.

Me dieron un balazo a un metro de distancia y por la espalda. Tengo una grave fractura del peroné, expresó el diputado, quien intentaba ayudar a trabajadoras para protegerlas de los disparos de bala de goma y el gas que arrojaron las fuerzas policiales.

Gosoy solicitó a los uniformados la orden judicial necesaria, pero se burlaron y comenzaron a actuar con extrema violencia. Una semana antes hubo un suceso similar en otra protesta de trabajadores. Reprimieron porque quisieron. No hubo enfrentamientos de ningún tipo. Estábamos de espaldas, declaró Godoy. Es el esquema que se está dado en el sur, donde se denuncia una fuerte militarización después de que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich aseguró a las fuerzas de seguridad que podían actuar sin autorización de los jueces.

Esto no se puede naturalizar, indicó Godoy al recordar otra represión el pasado 30 de noviembre contra trabajadores del hospital Castro Redon, donde la policía entró y disparó, a pasos de donde estaba la sala de pediatría. Godoy advirtió que si gremios y organizaciones no ponen freno a esas situaciones, “la política represiva –como está sucediendo– va avanzar por todo el país”.

Esto sucede después de que la justicia de Río Negro demostró que nunca hubo enfrentamiento, como sostuvo la ministra Bulclrich, cuando las fuerzas de seguridad desalojaron violentamente a familias mapuches del sitio que ocupaban en el pequeño espacio Lafken Winkul Mapu, cerca del lago Mascardi, en Bariloche, que culminó el pasado 25 de noviembre con el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel.

Bullrich mintió a la prensa y a la justicia con advertencias incluso para los jueces que intervienen en esos hechos. Muy grave es el papel de los medios aliados al gobierno, los cuales hablaron de guerreros mapuches, con armas de todo calibre, que construyeron historias falsas, como en el caso de los asesinatos de Santiago Maldonado, en Chubut, y de Rafael Nahuel, en Río Negro. El juez Gustavo Villanueva, quien entró a la comunidad, comprobó que éstos no tenían armas y que sólo había balas de calibre nueve milímetros que pertenecían a las fuerzas de seguridad.

En tanto, siguen escuchándose voces de sectores políticos contra laescandalosa maniobra del juez Claudio Bonadío, quien pidió el desafuero para llevar a prisión preventiva a la senadora Cristina Fernández. El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula se solidarizó con Fernández y consideró que existe una cacería judicial y mediática contra la ex mandataria.