Los partidos políticos estarán obligados a postular mujeres en distritos y alcaldías en los que son competitivas y no reservar para ellas solamente las candidaturas consideradas de alto riesgo.

Lo anterior surgió luego de que el pleno del Consejo General del Instituto Electoral Ciudad de México (IECM) aprobó anoche los Lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías en el proceso electoral ordinario 2017-2018, donde se prevé como acción afirmativa que los partidos no deberán asignar exclusivamente a uno de los géneros a los distritos en los que se haya obtenido el porcentaje de votación más bajo en el proceso electoral inmediato anterior.

Los partidos deberán, además, postular dentro de las planillas de las candidaturas de conceja-lías al menos una fórmula de personas jóvenes de entre 18 y 29 años, así como una para integrantes de pueblos, barrios o comunidades indígenas residentes en la ciudad, y se agregó en la discusión incorporar también una reservada a ciudadanos con discapacidad.

Para el caso de las candidaturas de género, el IECM definirá para cada instituto político tres bloques de 11 distritos en los que obtuvieron la votación más baja, una media y la más alta.

Las representaciones de PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, PT, PVEM, Humanista y Nueva Alianza se pronunciaron en contra de los lineamientos, en particular por las acciones afirmativas incluidas para las candidaturas de género y la fórmula reservada para aspirantes originarios de pueblos, barrios o indígenas residentes, al advertir que son excesivas e invaden la vida interna de los partidos y anticiparon que las impugnarán en los tribunales.

Señalaron que en el primer caso el IECM pretende señalar a los partidos en qué distritos deben postular mujeres y dónde hombres, en tanto para el segundo argumentaron que la Asamblea Legislativa, al expedir el código electoral, no obligó a los partidos a postular al menos una fórmula de concejales, sino que para el caso usó la palabra procurará, a lo que los consejeros electorales advirtieron que la Constitución Política local obliga a salvaguardar los derechos de dichas comunidades y corresponde a la autoridad electoral velar porque se procure su cumplimiento, tanto para diputaciones como concejalías.