Guadalajara, Jal.

Entre 50 y 150 indígenas de la comunidad wixárika de Tuxpan de Bolaños, casi todos testigos de Jehová y algunos bautistas, fueron expulsados el lunes por la mañana de ese pueblo, ubicado en las montañas del norte de Jalisco, por no acatar la disposición de la asamblea que los obligaba a ocupar cargos directivos en el gobierno comunitario, como todo habitante de esa demarcación indígena, según sus usos y costumbres.

La comunidad indígena informó que echaron a 150 personas, pero el alcalde de Bolaños, Juan Carlos Rodríguez Mayorga, dijo que fueron alrededor de 50.

Los expulsados, dijo la Fiscalía General del Estado, fueron trasladados en patrullas de la Fuerza Única Jalisco de Tuxpan de Bolaños al municipio vecino de Villa Guerrero, donde otros testigos de Jehová los recibieron en sus casas. El presidente municipal de Bolaños dijo que la administración que él encabeza también apoyó en el traslado de los expulsados y de sus pertenencias.

Los testigos de Jehová tienen prohibido ocupar cargos públicos, pero los usos y costumbres wixaritari obligan a que todos los indígenas alguna vez, en un sistema rotatorio de cargos, aporten tiempo y trabajo en favor de la comunidad formando parte de la dirigencia del comisariado de bienes comunales y el gobierno tradicional.

Niegan motivos religiosos

Ubaldo Valdez Castañeda, uno de los voceros de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y de Tuxpan de Bolaños, dijo que las autoridades tergiversan los hechos al señalar que se trata de un conflicto religioso. Afirmó que el problema comenzó hace unos 15 años, cuando comenzaron a llegar a la región grupos que profesan religiones distintas a la católica y ordenaron a sus fieles no ocupar cargos en el gobierno indígena, lo que contraviene la norma comunal.

Esto es por desacato a las disposiciones de la comunidad. Hay un sistema de cargos al cual todos estamos sujetos; son honoríficos y pueden incluir ser gobernador tradicional. Pero estas personas, cobijándose en la religión que profesan, quieren cooperar sólo con dinero y trabajo, lo cual no es posible porque son mandatos de la propia comunidad, dijo Valdez Castañeda.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cedhj) emitió ayer medidas cautelares en favor de un grupo de pobladores indígenas expulsados por profesar una religión distinta de la cultura wixárika (sic).

Las medidas de protección fueron solicitadas a Raúl Juárez Valencia, subsecretario de Asuntos del Interior del gobierno del estado, y al presidente municipal de Bolaños, Rodríguez Mayorga, para que garanticen la integridad física, la seguridad personal y las propiedades de las personas que están siendo expulsadas de su comunidad o amenazadas de serlo, debiendo tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier agresión en su contra, acotó.

La tercera visitaduría de la CEDHJ inició un acta de investigación y pidió que se garanticen atención médica, vivienda, alimentación y educación a quienes fueron expulsados y amenazados. Además, solicitó que se instale una mesa de diálogo para solucionar el conflicto, dio 24 horas a las autoridades para que acepten las medidas, y tres días hábiles para acreditar su cumplimiento.