Cancún, QR.

Usuarios de cajas de seguridad de la empresa First National Security (FNS) levantaron ayer el plantón que instalaron frente al centro comercial Plaza América hace 37 días para denunciar que se violaron sus derechos humanos y que al retener el contenido de sus cajas, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) les sustrajo pertenencias.

Los inconformes exigieron a la Seido una disculpa pública, al Poder Legislativo que haga respetar los derechos de los ciudadanos y al Judicial que castigue a quienes los vejaron al investigar el contenido de sus cajas.

El vocero de los afectados, David Uribe, dijo que el plantón terminó porque cumplió con su función de detener en la medida de lo posible el atropello y las violaciones. Antes de retirarse se concentraron en el lugar, donde permanecieron casi dos meses, y dijeron ser víctimas del robo del siglo y que la Seido los trató como si fueran delincuentes, pues para recuperar sus propiedades les exigió documentación, fotografías y testigos, a pesar de que no estaban sujetos a investigación alguna. Habría bastado con el contrato de la empresa y la llave, señalaron.

En un comunicado, recordaron que el 9 de octubre pasado la Seido decomisó mil 540 cajas de seguridad de FNS, afectando a gente de más de 25 nacionalidades, sin órdenes judiciales ni notificaciones personales de juicio, con lo que violó sus derechos humanos y constitucionales, como los artículos 14 y 16.

El 14 señala que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio y conforme a la ley, mientras el 16 asegura que nadie puede ser molestado en sus posesiones salvo que haya un mandamiento escrito.

Agregaron que el 28 de octubre más de 250 propietarios se manifestaron en Cancún para reclamar la devolución de sus pertenencias, luego de que la Seido anunció que trasladaría a Ciudad de México todos los bienes encontrados en las cajas.

Ayer, 55 días después de la clausura de FNS, 37 de comenzar el plantón y 25 de que se inició la entrega de cajas de seguridad, aseguraron que hubo faltantes en el patrimonio devuelto a los compañeros afectados, pero ninguno completó el proceso de reclamo ante la Seido por el temor a lo que implicaba dicho proceso: más tiempo y energía invertidos luchando contra una entidad de gobierno que parece tener un poder ilimitado.

Sostuvieron que aún no se entregan muchas cajas, debido a la cantidad absurda de documentación exigida a los afectados, lo cual viola abierta y descaradamente su derecho constitucional de presunción de inocencia, obligándolos a comprobar que no estuvieran involucrados en el crimen organizado.