n el estudio de quienes nos estudian desde los tanques pensantes del poder imperialista, esto es, los estrategas militares y organismos de inteligencia de Estados Unidos, se encuentra su permanente proyección de situaciones o escenarios futuros que pueden hacer peligrar su seguridad nacional, que, traducido, significa identificar los reales o potenciales riesgos a los intereses estratégicos de su país como poder hegemónico del sistema imperialista mundial. Cada cuatro años, los expertos en distintos temas y regiones del planeta se reúnen y elaboran documentos llamados Tendencias Globales ( Global Trends), en los que identifican, por ejemplo, ¨(y dentro de una larga lista de conflictos y regiones), a los movimientos autonómicos de los pueblos originarios como enemigos del mercado y las democracias tuteladas, por sus tendencias colectivistas, la defensa de sus territorios y recursos frente a las corporaciones, así como la predominancia en su organización social de la propiedad comunitaria de la tierra, causas, según los militares, de la criminalidad y la insurgencia. En la página electrónica del Consejo Nacional de Inteligencia estadunidense, sus publicistas sostienen: En una época de confusión cuando la visibilidad en el futuro es baja, una cosa es clara: poder anticipar y planificar el cambio es más crítico que nunca. (http://www.rebelion.org/docs/222324.pdf)

Independientemente de que la futurología del Consejo Nacional de Inteligencia en muchas ocasiones se equivoca en sus predicciones, debido en parte a la racionalidad sesgada por razones de clase de sus científicos y especialistas, obnubilados también por el etnocentrismo racista que generalmente ignora, minimiza o subestima las capacidades de los pueblos para resistir por todas las vías a la explotación capitalista y a sus formas de dominación, lo cierto es que no vendría mal, desde el pensamiento crítico, a partir de un diagnóstico lo más ajustado a la realidad actual, y tomando en cuenta las condiciones objetivas y subjetivas, así como las condicionantes históricas de las últimas décadas, intentar discurrir algunas de los eventuales proyecciones en torno a las elecciones presidenciales de 2018.

De esta manera, si hacemos un recuento de lo que han sido los últimos procesos electorales en los que la Presidencia ha estado en juego, marcados por fraudes memorables, caídas del sistema, compra de votos, coacción del electorado por el terrorismo mediático, manipulación de encuestas, uso ilegal de los recursos públicos, ratón loco, urna embarazada, carrusel, operación tamal, tarjetas de Soriana, robo de urnas, alteración cibernética de resultados y todo tipo de violaciones a las leyes en la materia por el régimen de partidos de Estado, en complicidad con las propias instituciones y tribunales electorales, lo más probable es que las elecciones de 2018 serán similares o peores a las pasadas. Sin ir más lejos, y después de la experiencia en las elecciones recientes en el estado de México, alguien medianamente informado podría pensar: ¿Qué la conducta de Enrique Peña Nieto (y la de sus allegados y cómplices) en el proceso electoral será ejemplar? ¿Qué se ceñirá a lo que la ley mandata, guste o no, como afirma el responsable de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández?

Si además de este apretado recuento del modus operandi del sistema en las últimas décadas, marcado por la prevalencia del fraude electoral y la imposición de gobiernos a todas luces ilegítimos, añadimos la actual crisis económica, política y social que ha llevado al país a una situación de emergencia nacional, agravada exponencialmente por los terremotos de septiembre pasado, que pusieron al desnudo el oportunismo y el uso político de la muerte y la desgracia de centenares de víctimas y damnificados, la corrupción y la inoperancia de las instituciones de los tres niveles de gobierno, el panorama que se presenta para el próximo año resulta poco menos que aterrador. Nada apunta a que el proceso electoral se efectuará en las mínimas condiciones de normalidad y certidumbre. Que México gane todos los primeros lugares en cuanto a cualquier parámetro de desgracias e infamias, como la escalofriante nota informativa de que de cada 10 mujeres asesinadas en América Latina, siete corresponden a nuestro país, el número de homicidios dolosos, que ya sobrepasaron los 200 mil, los más de 40 mil desaparecidos forzados, cuyo caso paradigmático, los estudiantes de Ayotzinapa, siguen sin ser encontrados, mientras la red de complicidades que participó en este crimen de Estado y lesa humanidad, permanece intacta; todo este infierno cotidiano de un país inmerso en una crisis humanitaria, advierte que el proceso electoral de 2018 no será precisamente una fiesta de la democracia. Ahora, con mayor razón, se espera una elección determinada por los descomunales intereses de un Estado criminal, cuyos grupos dominantes están decididos a imponer, nuevamente, a quien les garantice la continuidad del sistema capitalista globalizado. Estos grupos están decididos a utilizar cualquier medio para continuar el estado de cosas, incluyendo el uso de todo el aparato represivo legal y la acción violenta de su otro brazo armado, el crimen organizado, como una forma de control social y de las resistencias ciudadanas y anticapitalistas.

La única fuerza política organizada en torno a posiciones decididamente anticapitalistas que realmente está haciendo un diagnóstico de esta catástrofe y las proyecciones posibles para las elecciones del próximo año, es la unificada en torno del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que han decidido conformar un Concejo Indígena de Gobierno, cuya vocera, sea candidata independiente a la Presidencia de la República. Esta fuerza política no pretende elaborar proyectos de nación desde arriba e integrar gabinetes de notables, que a la hora de los fraudes y las represiones sean letra muerta y abajo firmantes. Busca la reconstitución de los pueblos y el establecimiento de alianzas con todos los explotados del campo y la ciudad para organizar desde abajo y a la izquierda la resistencia frente a la catástrofe; vislumbra no una alternancia, sino una transformación del país, más allá de las simulaciones democráticas de 2018, en las que se advierte, de nueva cuenta, una elección de Estado y los poderes fácticos.