l pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de una Ley de Seguridad Interior que ha sido impugnada por numerosos actores políticos y sociales de México y del extranjero porque, tanto en su espíritu general como en sus detalles, constituye una puerta abierta al autoritarismo, la discrecionalidad y el incremento a las violaciones a los derechos humanos que ya en su nivel actual resultan intolerables.

El asunto central de la ley referida es formalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, una práctica gubernamental que actualmente se realiza sin marco jurídico alguno y al margen de los mandatos constitucionales de los militares. Aunque desde hace muchos años se había venido empleando a los uniformados en tareas de apoyo a la erradicación de cultivos de plantas ilícitas, fue a finales del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) que se ordenó una movilización militar de gran escala en contra de los cárteles del narcotráfico, y Felipe Calderón (2006-2012) la convirtió en recurso sistemático y principal en su estrategia de seguridad.

Aunque en un principio la medida fue presentada como provisional, en tanto se procedía al saneamiento de las corporaciones policiales federales, estatales y municipales –fuerzas civiles a las cuales les corresponde la tarea de la seguridad pública, según la Carta Magna–, más de una década después esa tarea sigue pendiente; en tanto, la presencia del Ejército y de la Marina en el combate a la delincuencia organizada no ha impedido que la seguridad pública continúe por un camino de degradación imparable ni que la violencia delictiva resulte un desafío al Estado cada vez más grave. En cambio, las instituciones armadas del país han sido sometidas a un grave e injustificable desgaste en su personal, en sus equipos y, lo más preocupante, en su imagen ante la sociedad, la cual ha padecido en estos 11 años numerosos atropellos por parte de efectivos castrenses.

La pretensión de perpetuar esa tarea inconstitucional de las fuerzas armadas mediante la Ley de Seguridad Interior no sólo representa el fracaso de lo necesario ante lo contingente –porque si hubiese habido la voluntad política suficiente para moralizar y profesionalizar a los cuerpos policiales la legislación referida sería del todo innecesaria– sino también un paso hacia la vulneración del estado de derecho, en la medida en que se pretende otorgar a personal militar facultades para neutralizar manifestaciones pacíficas, recibir denuncias, investigar y detener a civiles, asegurar bienes e intervenir comunicaciones, entre otras cosas. Para colmo, en la iniciativa legal referida no se incluye mecanismos de transparencia y de fiscalización para el trabajo de los institutos armados ni instancias para investigar eventuales abusos en contra de la población, la cual quedaría, de prosperar los trámites legislativos para la ley referida, en una gravísima indefensión.

Paradójicamente, la aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad Interior ocurrió justamente el mismo día en que el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que el actual modelo de combate a la delincuencia en México –que tiene uno de sus puntos principales en el uso de las fuerzas armadas en tareas policiales– es muy preocupante. A la luz de los pavorosos resultados de ese modelo –un incremento de más de mil por ciento en los homicidios violentos entre 2006 y 2017–, el funcionario internacional se manifestó además por un cambio de paradigma en la política de seguridad y en contra de legislar para “petrificar el status quo”.

Los señalamientos de Jarab no son novedosos ni únicos: múltiples organizaciones y personalidades nacionales los han expresado desde el inicio de la guerra contra la delincuencia organizada, a principios del sexenio anterior. Resulta imperativo que la iniciativa de ley aprobada ayer sea reformulada en profundidad y que las dos cámaras del Congreso de la Unión hagan lo necesario para reflejar las preocupaciones ciudadanas, garantizar la vigencia de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades fundamentales, así como contribuir a la pacificación del país y a la recuperación del estado de derecho.