Buenos Aires.

No hay esperanza para los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que desapareció en el Atlántico sur el 15 de noviembre pasado. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, informó que no habrá salvamento de personas, y que continuará la búsqueda, pero no el rescate. La dolorosa noticia estalló en Mar del Plata en medio de la tensa y larga vigilia de familiares desesperados.

El capitán Balbi confirmó el final de la fase de rescate, para continuar con la fase de búsqueda, ante la realidad del tiempo transcurrido y de las millas náuticas que se recorrieron en el área demarcada, y tras rastrear a 300 metros de profundidad sin resultados.

Sin embargo, llama la atención de que se haya decidido que si la nave estuviera a más de 500 metros de profundidad se daría por finalizada la búsqueda, lo cual sorprende cuando precisamente está llegando un buque de Rusia que puede explorar hasta a mil metros de profundidad.

Balbi explicó que no se encontró evidencia alguna de naufragio en las áreas exploradas ni se obtuvo contacto con el submarino ni con sus balsas.

Varios medios habían informado que estaban regresando a la base de Comodoro Rivadavia buques que participaban de las tareas en el Golfo San Jorge, entre ellos el Atlantis, de Estados Unidos; el Sophie Siem, de Noruega, y el Didi-K, de Uruguay.

Desde que en la mañana del 15 de diciembre se registró la última comunicación con el ARA San Juan el país estuvo en vilo esperando que se pudiera rescatar a los 44 tripulantes con vida. En esos momentos la nave estaba a unos 432 kilómetros de la costa.

Jorge Bergallo, padre de un tripulante del ARA San Juan y ex comandante de submarinos, aseguró que la nave zarpó del puerto de Mar del Plata para realizar ejercicios militares en el sur. Salió a ejercitarse con el resto de la flota para adiestrarse en la función principal de una Armada que es la de defender, dijo en reportaje con América, lo que deja al desnudo que en realidad fue enviado a maniobras.

Pero lo más grave es que el portal El Destape muestra el documento por medio del cual el presidente Mauricio Macri; el ministro de Defensa, Óscar Aguad; el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el canciller, Jorge Faurie, presentaron hace tres meses un pedido al Senado para realizar un ejercicio entre la Armada y la Marina de Brasil, (en realidad también de Estados Unidos y otros), el cual consistía en la simulación de la emergencia de un submarino posado en el fondo del mar e imposibilitado de salir a la superficie.

Proceso a Cristina Fernández

A un día de haber asumido como senadora por la provincia de Buenos Aires, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por la Cámara Federal (tribunal), que la acusó, sin pruebas, de ser presuntamente jefa de asociación ilícita y de lavado de activos en la causa Los Sauces, que viene desde hace tiempo.

No sorprendió esta evidente sobreactuación judicial, al difundirse por varios portales de noticias lo que había enviado la titular de la oficina Anticorrupción, Laura Alonso, nombrada por Macri a pesar de no ser abogada como requería esa función y de ser reconocida militante de Propuesta Republicana (PRO), que encabeza la alianza gobernante, quien por Twitter presionó al juez Sebastián Casanello preguntándose si citaría a indagatoria a la ex mandataria, como lo piden la Unidad de Información Financiera, su propia oficina y la Cámara Federal.

La misma Alonso debe en realidad controlar al Ejecutivo nacional pero no hizo absolutamente nada ante las denuncias y causas abiertas contra el propio presidente Mauricio Macri y otros funcionarios en denuncias por lavado de dinero y cuentas offshore.

La causa por la que se cita a Fernandez de Kirchner es por la supuesta conformación de una asociación con el fin de desviar obra pública en beneficio de Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero, también sin pruebas.

La causa empezó en 2013, a partir de un informe plagado de falsedades del periodista de Clarín Jorge Lanata, quien se dedicó a armar una historia que incluía bóvedas secretas y una secretaria cómplice, que luego no declaró nada ante la justicia.

Ya a principios de este año la ex presidenta apeló del procesamiento que le dictó el juez federal Claudio Bonadio, al considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a lavar dinero a partir de los alquileres de su empresa Los Sauces. Esto se da en el contexto de una campaña de persecución y presión contra los jueces, especialmente los que tienen causas abiertas contra funcionarios del gobierno actual para que las cierren y por el contrario impulsando a otros a llevar delante causas contra los opositores, tengan o no pruebas.