Moscú.

Frente a su tenaz insistencia de aspirar a gobernar Rusia, una y otra vez el líder opositor Aleksei Navalny recibe un portazo en la cara: la Corte Constitucional de Rusia dictaminó que no se contradice con la Carta Magna la norma que prohíbe a un condenado a penas de libertad condicional por delitos graves ser postulado a un cargo de elección hasta que pasen 10 años desde que cumpla su castigo.

De este modo, los jueces –casi por unanimidad, menos uno, Konstantin Aranovsky quien votó en contra– aprobaron desestimar la solicitud de Serguei Kazakov, un ciudadano que pidió estudiar la procedencia de la prohibición argumentando que el artículo 32 de la Constitución establece que no pueden ser elegidos sólo quienes hayan sido declarados inhabilitados por sus facultades mentales o que se encuentren cumpliendo penas de privación de libertad.

Sin embargo, la Corte estimó que el Parlamento está facultado para introducir cualquier precisión a un artículo constitucional que lo requiera, lo cual sucedió –no duda en sostener– en 2013 respecto de los condenados a penas de libertad condicional.

En realidad, los observadores del quehacer político ruso coinciden en señalar que esa restrictiva modificación a la ley electoral se hizo pensando en un solo destinatario, Aleksei Navalny, que –de acuerdo con la propaganda oficial– no representa ningún peligro para el candidato del Kremlin a la presidencia, se da por hecho que es el actual jefe de Estado, Vladimir Putin, quien aún no hace oficial su intención de postularse para un nuevo periodo de seis años.

Navalny, abogado y fundador del Fondo de Lucha contra la Corrupción –que con sus sonadas denuncias contra los poderosos gana adeptos sobre todo entre los jóvenes a través de Internet, ya que no tiene presencia en los medios de comunicación tradicionales–, continúa como si nada su campaña electoral, aunque en estricto apego a la ley no tendría derecho a su registro como candidato.

Queda impedido por una absurda condena a cinco años de libertad condicional por el grave delito de recomendar vender madera por debajo de los precios del mercado, según se quejó el director de la empresa supuestamente afectada, ya convertido en testigo protegido para eludir cualquier otro tipo de responsabilidad. Suficiente para inhabilitar a Navalny como candidato a un cargo de elección durante 15 años.

Al margen de esto, la doble apuesta del opositor es igualmente riesgosa para él. Por un lado, esperar que una instancia judicial superior, por ejemplo la Corte Europea de Derechos Humanos, resuelva en su favor y dictamine que Rusia debe revisar la sentencia y permitirle presentarse como candidato presidencial. Y por el otro, reunir la mayor cantidad de votos posible para forzar al Kremlin a tomar una decisión política que le abra las puertas a competir en las urnas.

La primera opción puede frustrarse por falta de tiempo –el registro de aspirantes a las elecciones de marzo siguiente concluye dentro de escasas semanas– y la segunda, no obstante que Navalny pudiera reunir el doble de apoyos del mínimo necesario, sólo conduce a una abierta represión de sus seguidores, si Putin no acepta el desafío de contender con él en unos comicios.

Queda poco, una vez que se haga oficial quién será el candidato del Kremlin, para saber si Putin asume correr el peligro de enfrentarse a Navalny en unas elecciones –las instancias judiciales, cuando se supeditan al Ejecutivo, siempre sabrán encontrar la explicación más convincente para justificar una decisión política– o prefiere, apelando a la legalidad, sofocar cualquier intento de protesta contra la prohibición de postular a su más importante rival.