n la edición más reciente de su informe Perspectivas económicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que en México, aunque las recientes reformas han incrementado el empleo formal y han mejorado la inclusión financiera, la pobreza sigue estancada y persiste la desigualdad, incluso de género. Adicionalmente, las políticas monetaria y fiscal (a cargo del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente) no están respaldando el crecimiento económico que el país requiere.

Según el organismo internacional, 16 de cada cien mexicanos viven por debajo de la línea de pobreza, debido a sus raquíticos ingresos, y a que a 40 de cada cien mexicanos no les alcanza para comprar una canasta básica de consumo. Por añadidura, la inflación, de 6.3 por ciento, ha superado por mucho la meta del banco central, que era de 3 por ciento, debido principalmente a las alzas en los precios de los combustibles y a la devaluación del peso frente al dólar. Para colmo, la deuda pública registró entre 2012 y 2016 un aumento sostenido, al pasar de 43 por ciento del producto interno bruto a más de 58 por ciento; por ello, las agencias de calificación degradaron de estable a negativa su perspectiva sobre la deuda soberana del país.

Como paliativos sociales a los impactos del insatisfactorio desempeño económico la OCDE propone ampliar la recaudación fiscal mediante el combate a la evasión y la diversificación de la estructura tributaria, así como darle un sentido redistributivo, ampliar la asistencia a la infancia y extender la educación prescolar, incentivar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, reforzar el gasto social en programas de combate a la pobreza extrema, como Prospera, y simplificar los procedimientos administrativos.

Las recomendaciones del organismo internacional podrían parecer sensatas, procedentes y lógicas de no ser porque el desastre social que retratan los indicadores mencionados son consecuencia de recetas de política económica promovidas en el pasado reciente por la misma OCDE, por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional e impuestas en México a rajatabla y de manera acrítica: la apertura comercial indiscriminada; la privatización de los bienes nacionales y la drástica reducción del sector público de la economía; políticas de contención salarial y recorte; disminución o supresión de derechos y conquistas laborales; desregulación generalizada y aceptación casi incondicional de inversiones extranjeras depredadoras y destructoras del tejido social y del ambiente.

No es de extrañar que tales directivas hayan generado una desigualdad abismal, que la pobreza se mantenga en niveles y proporciones inadmisibles y ofensivas ni que hoy día el Estado deba más pero subsidie menos. De hecho, numerosas voces críticas han advertido a lo largo de todo el ciclo neoliberal, que el modelo impuesto habría de desembocar en un escenario catastrófico para la población y, al fin de cuentas, para la economía.

A la vista de los resultados, la conclusión pertinente sería que es imperioso prescindir de los consejos de la OCDE y demás organismos y formular una estrategia económica soberana que empiece a revertir los profundos y extensos daños causados al país y a su gente por tres décadas de recetas neoliberales que ciertamente han incidido en la estabilización de algunos indicadores macroeconómicos, pero a costa de una destrucción y de un sufrimiento cada vez mayores.