l asesinato de Yendi Guadalupe Torres Castellanos, quien se desempeñaba de fiscal especializada en delitos sexuales en Pánuco, Veracruz, establece una nueva cota en el descontrol de la violencia delictiva en esa entidad y en el país. Apenas el viernes de la semana anterior, en Banderilla, municipio conurbado a Xalapa, sujetos no identificados mataron a balazos al alcalde de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, y a su esposa. Con ellos, la cifra de ejecuciones sumó 21 en un fin de semana; ocho días atrás habían sido abandonados en esa capital los cuerpos desmembrados de cinco mecánicos y chatarreros. En esa ocasión la autoridad estatal atribuyó el móvil de los homicidios a un probable vínculo de las víctimas con actividades ilícitas, en tanto que la muerte de Espinoza Tolentino se pretendió presentar como resultado de un asalto.

Lo cierto es que ante hechos como los referidos de manera cotidiana, el gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares parece más rebasado por la delincuencia, si cabe, que los de sus antecesores priístas Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera, a pesar de que en su campaña electoral la restauración de la seguridad pública y de la paz fue una promesa central y reiterada. No obstante, sólo en octubre pasado los homicidios violentos sumaron 174, según cifras oficiales, y la sociedad veracruzana acumula ya tres gubernaturas en medio de la zozobra, la desesperanza y el terror.

Pero la muerte de la fiscal de Pánuco tiene implicaciones adicionales para el resto del país. Ese crimen fue antecedido por el asesinato del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, en un ataque en el que también murió su hijo y resultaron lesionadas la esposa y la hija del funcionario. Desde hace muchos años, activistas independientes de derechos humanos, ambientalistas e informadores son víctimas de la violencia delictiva, pero con estas dos muertes la criminalidad pone la mira en funcionarios gubernamentales de las áreas de derechos humanos y del combate a delitos sexuales. Es decir, parece empeñada en anular del todo la de por sí minúscula capacidad de respuesta del Estado ante violaciones a las garantías individuales y atropellos a los derechos de género. Parece buscar, en suma, asegurarse una impunidad total e indisputada.

El desafío es, pues, insoslayable, y exaspera constatar que en las actuales administraciones estatales –la veracruzana en primer lugar– y la federal, no existe la voluntad política de hacerle frente ni de frenar el pavoroso deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho. De no actuarse de inmediato y de no aplicar las leyes para contrarrestar la impunidad, quedarán marcadas por la omisión y la complacencia.