Guadalajara, Jal.

En 1918, un movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, inició el camino del reconocimiento de la autonomía de las instituciones de educación superior en ese país y en otras naciones de América Latina, como México. A un año del centenario de esa movilización, rectores y universitarios analizaron ayer aquí la situación actual de la autonomía universitaria.

En un foro realizado en el contexto de la tercera conferencia internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el secretario ejecutivo de la misma, Jaime Valls Esponda; Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara –institución pública y autónoma–, y Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, plantearon que si bien en el país dicha independencia es reconocida, ésta se vulnera con las presiones presupuestales que enfrentan las instituciones educativas estatales y con la intromisión de gobiernos y congresos en la designación de sus funcionarios.

La autonomía en México otorga a las universidades tres facultades esenciales: autorregulación, autorganización académica y autogestión administrativa. La autonomía debe materializar el derecho a la educación, plantearon.

Para Bravo Padilla, dicha soberanía enfrenta desafíos. El primero de ellos es legislativo, pues los cambios en las leyes pueden afectarla. Otro reto es el marco legal laboral en el país, que hace difícil que las decisiones académicas con repercusiones laborales tengan el peso adecuado frente a los tribunales externos.

El tercer desafío es la insuficiencia presupuestal para las universidades. Mientras no haya financiamiento suficiente, evidentemente no podemos garantizar el ejercicio de la autonomía.

El cuarto es que si bien las universidades no son contrarias a la rendición de cuentas y tienen organismos de fiscalización, están sujetas a la vigilancia de organismos federales y estatales que en muchas ocasiones les aplican los criterios que utilizan con dependencias del gobierno.

La autonomía también enfrenta problemas en el interior de las universidades, dijo Bravo. Esto pasa cuando hay excesivo gremialismo, presiones de sindicatos, burocracias y conjuntos académicos o estudiantiles que pretenden sustituir a los órganos académicos legítimos y ejercer presión para asuntos como la distribución de plazas.

Un reto más es el que representan los intereses económicos de corporaciones o grupos, que puede darse cuando una empresa, un gobierno u otro ente encarga trabajos a la universidad y los académicos relajan su claridad técnica por el aliciente de obtener financiamiento.

Valls Esponda planteó que en México cada vez es más frecuente el cambio de las leyes orgánicas de las universidades sin el conocimiento ni el consentimiento de sus comunidades. La intromisión de algunos gobiernos estatales en procesos internos de designación de autoridades universitarias o la imposición de contralores internos designados por los congresos estatales son ejemplos que vulneran la estabilidad institucional y someten a la incertidumbre a esas instituciones.

En entrevista, el ex rector De la Fuente planteó que las limitaciones presupuestales que enfrentan las universidades estatales vulnera su autonomía. La ponen en entredicho o por lo menos contra las cuerdas. Esto puede orillar a que en su situación financiera un tanto desesperada empiecen a buscar fuentes de recursos, que no están siempre exentas de conflictos de interés.