Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos llegaron ayer a un acuerdo con el gobierno federal para dar seguimiento a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de los estudiantes, y revisar el mecanismo en febrero o marzo próximo.

Con ese planteamiento, emitido a través de la cancillería, los familiares de los estudiantes, así como jóvenes normalistas y su representante Vidulfo Rosales, estuvieron de acuerdo, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Luego de una reunión de más de tres horas celebrada anoche en la Secretaría de Gobernación –a la que asistieron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República– se acordó que en relación con la solicitud de los padres de tener una reunión con el secretario de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos acuerda gestionar la misma e informar a la brevedad posible a los padres y madres la fecha de su realización.

Roberto Campa dijo que habrá que revisar agendas para hacer posible el encuentro a la brevedad posible. El secretario ha estado siempre en disposición de reunirse con ellos, declaró al final de la sesión.

Trascendió que en el encuentro se analizaron aspectos de la búsqueda de los estudiantes a cargo de la PGR, aunque ambas partes acordaron no revelar detalles.