ace un par de días, apenas finalizada en Buenos Aires, Argentina, la semana del pleno conjunto del Grupo Internacional de Acción Financiera (Gafi) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) dieron a conocer un escueto comunicado sobre los resultados que arrojó la reunión en lo que a México respecta. De dicho comunicado se deduce que el reporte de evaluación de nuestro país, en lo referente al grado de implementación de las medidas internacionales para prevenir y combatir la corrupción y el lavado de dinero, tuvo un tono favorable.

En torno a lo que falta por hacer para controlar el resbaladizo flujo de capitales derivado del narcotráfico y otras actividades ilícitas, se detectaron numerosas áreas de oportunidad, que es el elegante eufemismo usado en los documentos internacionales para designar los espacios donde las cosas no están bien hechas. Sin embargo, como contrapartida, las dependencias gubernamentales que firman el comunicado aseguran que se ha efectuado una evaluación de riesgos que permite conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia, que existe una buena coordinación entre autoridades y que se hace efectiva una extensa cooperación internacional.

Esto debería ser un mensaje tranquilizador para, por ejemplo, los diputados (de casi todos los partidos) que a principios de año solicitaron a la SHCP que afinara su agenda para prevenir el delito específico de lavado de dinero, que permite a grupos delictivos blanquear ganancias provenientes de sus operaciones ilegales. También constituiría una buena señal para las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que asistieron –a principios de agosto en Cancún– a la Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros, y que habían enfatizado el trabajo que se hace en el país para controlar esas actividades. Y naturalmente y en primer lugar, resultaría alentador para toda la sociedad que padece los estragos de la corrupción.

No obstante, un reporte dado a conocer ayer por Reuters –según la agencia británica– preparado antes de que se llevara a cabo el plenario del Gafi en Buenos Aires, ofrece un panorama mucho menos benévolo de la corrupción en México. Es cierto que el fenómeno va más allá del mero blanqueo de capitales; pero según los especialistas del grupo, todos los recursos generados por la corrupción pueden ser sometidos a algún proceso de lavado. Esos recursos no son pocos: si nos atenemos al documento de Reuters, el narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes cometidos en el país ponen en circulación más de 58 mil millones de dólares al año. Y advierte el reporte de manera tajante: “Se considera que la amenaza que representan los recursos ilícitos susceptibles de ser lavados en México y generados dentro de la jurisdicción es alta” (y para enfatizar más el riesgo, la palabra alta aparece en el documento escrita toda en letras sobresalientes).

Se ha convertido en lugar común decir que la corrupción es el elemento que se encuentra en la raíz de casi todos los problemas económicos, sociales y por extensión políticos que padecemos en el país. Pero lo común no le quita lo verídico, y por ello más vale que la población tenga una visión clara de los alcances, las ramificaciones y en definitiva el poder que tiene la corrupción.

Es saludable que se enfoque la cuestión en perspectiva y se la intente abordar con medidas de supervisión y control que garanticen –como dice el comunicado de Hacienda y la PGR– la integridad del sistema financiero y la economía nacional. Pero sería deseable, asimismo, que la exposición oficial de un asunto tan grave como el de la corrupción no se significara por la escasez de datos y por la parcialización del panorama, aun cuando éste sea difícil y complejo. Para las propias autoridades sería conveniente, porque cuanto más clara la visión del problema, más se valoran los esfuerzos para solucionarlo.