n año más, las cuantiosas inversiones realizadas para elevar los índices de aprobación entre policías de todo el país en los exámenes de control y confianza se ven frustradas por una inocultable falta de resultados. En efecto, aunque las calificaciones obtenidas por el personal de seguridad presentan variaciones marcadas según el nivel de gobierno al que pertenecen, lo que tienen en común todas las corporaciones es la ausencia de cualquier mejoría significativa entre el periodo anterior y el presente.
Ante tal fracaso, se revela ineludible que las autoridades rindan cuentas a los ciudadanos acerca de las razones por las cuales los recursos públicos que se destinan a este rubro (5 mil millones de pesos en un año, considerando únicamente el apoyo federal para el fortalecimiento de la policía local de 300 municipios prioritarios) parecen caer en un saco sin fondo.
En este sentido, cabe preguntarse si el nulo impacto de los programas instrumentados para mejorar el desempeño de los encargados de prevenir, perseguir y sancionar el delito se debe a un diseño defectuoso de los cursos mismos, ya sea por la importación de modelos foráneos que no responden a la realidad tanto de los elementos policiacos como del fenómeno delictivo nacional; o si, por el contrario, existen inercias institucionales ajenas a los agentes –como podría ser la ausencia de voluntad política para asumir las medidas necesarias–, que impiden poner en práctica los avances promovidos en dichos programas de capacitación y fortalecimiento.
Pero la respuesta oficial a este problema no puede limitarse a proporcionar una explicación de los nulos resultados en la materia, sino que debe ofrecerse una solución pronta, pues la falta de idoneidad de los elementos policiacos se traduce de manera inevitable en perjuicios para la población. Así lo demuestra el repunte, admitido incluso por la Secretaría de Gobernación, en los delitos del fuero común; es decir, aquellos que deben ser atajados por las fuerzas policiacas locales, justo las que tienen los mayores índices de reprobación en las pruebas referidas.
