Hermosillo, Son.

A un año del enfrentamiento entre los ocho pueblos de la tribu yaqui, la Policía Federal y el Ejército, porque los primeros se oponían a la instalación del gasoducto Agua Prieta, y en la gresca murió un integrante de la etnia, unos cien pobladores protestaron afuera de la procuraduría de Justicia, en Ciudad Obregón, para exigir que se esclarezca ese homicidio.

La tarde del viernes alrededor de cien personas se instalaron en plantón afuera de las oficinas y evitaron la entrada y salida de personal y usuarios; además bloquearon el tránsito vehicular de la calle Jalisco; horas después fueron atendidos por el agente del Ministerio Público, Ramón Vargas.

Juan Pedro Maldonado Martínez, secretario del pueblo de Huirivis, declaró que a un año del suceso las agencias investigadoras y procuradoras de justicia no ha dado una respuesta, ni siquiera han esclarecido los hechos de violencia del 21 de octubre de 2016.

Queremos llegar a donde se deba, exigimos que detengan a todos los responsables del desorden en Loma de Bácum, gente armada, actores que ocasionan daños dentro de nuestro territorio, reclamó el líder indígena en las afueras de la fiscalía.

El yaqui Cruz Buitimea falleció en el pueblo de Loma de Bácum el año pasado, a consecuencia de la trifulca entre autoridades y yaquis al oponerse a la construcción del gasoducto Agua Prieta, que realiza ilegalmente la empresa IEnova por debajo de las tierras de la etnia.

Los manifestantes sostuvieron que las autoridades ordenaron imputar a una persona para sustentar un expediente sin pruebas ni justicia, por lo que demandaron el arresto de los verdaderos criminales que se encuentran libres.

César Cota Tórtola, capitán de Loma de Guamúchil, calificó de injusto el engaño de las autoridades de seguridad en su territorio, así como las manipulaciones y agitaciones que han provocado dentro de la etnia, pues han logrado separar a los distintos grupos que la conforman.

Es injusto lo que ellos hacen, engañan a la gente, son manipulados por personas de fuera, lo que queremos es justicia. Ya va un año del atentado contra nuestras personas, de las autoridades de los ocho pueblos, expresó Cota Tórtola.

En octubre de 2016, se enfrentaron alrededor de 600 indígenas, entre opositores y partidarios de la construcción del gasoducto en su territorio, a donde llegaron fuerzas federales y estatales para intentar poner orden; sin embargo el resultado fue de un poblador muerto, ocho heridos y 12 vehículos incendiados.

Desde entonces, la etnia señaló que a la violación de la orden judicial, los indígenas opositores a la obra continuarían con las demandas, hasta que el juez dictaminara el retiro total de la tubería que ha instalado la empresa en sus tierras para el gasoducto, uno de cinco que la Comisión Federal de Electricidad planea en el norte del país, con licitación obtenida hace dos años.