Mexicali, BC.

La madrugada de este domingo policías antimotines desalojaron a un grupo de manifestantes de organizaciones civiles que tomó las instalaciones del Congreso de Baja California durante 24 horas para exigir la abrogación de la Ley de Asociaciones Públicas-Privadas, la cual, han señalado, endeudará a la entidad.

Cerca de las 4:30 horas unos 80 elementos de las policías estatal preventiva, ministerial del estado y de la dirección de seguridad pública de Mexicali irrumpieron en el edifico a petición del propio Poder Legislativo.

Veinte personas que pernoctaban en el salón de plenos fueron sacados a empellones o a rastras por la puerta posterior. Los inconformes acusaron que el desalojo es la respuesta de los legisladores y del gobernador Francisco Vega de Lamadrid ante la inconformidad.

Horas antes, cerca de la medianoche, llegaron al Congreso policías ministeriales con personal del Ministerio Público, que dio fe y tomó fotografías del recinto parlamentario.

Las organizaciones Mexicali Resiste y Baja California Resiste se manifestaron en la sala de sesiones Benito Juárez desde el viernes 29 de septiembre para exigir que no se aprobaran seis contratos de asociaciones públicas-privadas (APP) ni la creación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).

El viernes los legisladores sacaron del orden del día los dictámenes 94 y 95 de la comisión de hacienda que contenían estos proyectos, los cuales, según los manifestantes, generarán un endeudamiento de 81 mil millones de pesos. Los activistas permanecieron en la sala para evitar un albazo de los diputados.

Casi a la medianoche del viernes se declaró un receso porque un manifestante insultó a los integrantes del pleno.

Los diputados salieron al tiempo que las organizaciones ciudadanas entraban a las instalaciones. El sábado los ocupantes se mantuvieron a las puertas y en la zona de curules, donde representaron farsas de la sesión legislativa.

Tras la expulsión, los manifestantes formaron vallas en los accesos al Congreso y reiteraron su propuesta de abrogar la ley de las APP y cancelar seis obras de infraestructura hídrica en Mexicali, Rosarito y San Quintín, además de la creación del C5i.

Con resguardo policiaco, representantes del Ejecutivo entregaron a los diputados carpetas que contienen el cuarto informe de gobierno de Vega de Lamadrid.

Mexicali Resiste anunció que las hermanas Mónica y Esther Pozo presentarán denuncias penales contra agentes policiacos por las agresiones sufridas durante el desalojo. El Congreso local informó que ya hizo lo propio y presentó nombres e imágenes.

Plantean buscar otras vías de financiamiento

Antonio Heras Corresponsal

Mexicali, BC.

Uno de los seis proyectos de asociaciones públicas-privadas (APP) detenidos en el Congreso de Baja California es la planta desaladora del poblado de San Quintín, en el sur del municipio de Ensenada. Diputados locales han advertido que este es uno de los proyectos con que se pretende llevar la deuda estatal a niveles históricos.

Los legisladores reconocieron que es urgente desalar agua del Valle de San Quintín, pero proponen que la discusión del proyecto sea independiente al de la planta en Playas de Rosarito. Ambos están en el dictamen 95 de la comisión de hacienda del Congreso estatal.

La desaladora de San Quintín costaría 50 millones de dólares, y la de Rosarito, 580. La primera se destinaría al consumo humano y agrícola en el sur de Ensenada y la segunda a usuarios domésticos, comerciales e industriales de Rosarito y Tijuana, así como al mercado de San Diego, California

Un reporte refiere que existe un déficit de 284.87 litros por segundo de agua potable en San Quintín, y los acuíferos están sobrexplotados debido a la producción agrícola. Empresas agroindustriales, entre ellas Los Pinos, cuentan con desaladoras propias.

El legislador priísta Bernardo Padilla advirtió que en San Quintín la escasez de agua fue uno de los factores que provocó protestas sociales en 2015; no obstante, consideró que deben buscarse otras fuentes de financiamiento.

En 2015, jornaleros agrícolas bloquearon la carretera Transpeninsular para exigir mejores condiciones laborales y de salud, así como para denunciar el acoso sexual de capataces a jornaleras.

La desaladora de San Quintín fue aprobada en junio de 2016 a fin de potabilizar 500 litros por segundo de agua de mar para consumo humano y agrícola, con un costo de 800 millones de pesos. La empresa Kenton ganó la licitación nacional.

El proyecto ejecutivo asegura que beneficiará a 100 mil habitantes de esta zona, poblada por comunidades mixtecas, huastecas y triquis, donde laboran 35 mil jornaleros agrícolas.

El documento Sistema integral hídrico San Quintín, en el municipio de Ensenada explica que los acuíferos están sobrexplotados y que su agua “es mala, no apta para el consumo humano’.

Se refiere a los aprovechamientos situados en los acuíferos de Camalú y la porción suroeste del Valle de San Quintín, donde la demanda supera con creces la oferta, por lo cual la Comisión Estatal del Agua de Baja California considera instalar una desaladora con capacidad de 160 litros por segundo, en beneficio de 104 mil 38 habitantes.