La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México no sólo investiga la actuación de dos directores responsables de obra (DRO) que dieron el visto bueno al Colegio Enrique Rébsamen como construcción segura, sino también si hay irregularidades en la expedición de permisos para las modificaciones del inmueble, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Recordó que se trata de una construcción que data de los años 80, por lo que la PGJ ha requerido toda la información disponible sobre el predio tanto a las autoridades delegacionales como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) e incluso a autoridades federales.

La instrucción del jefe de Gobierno, señaló, es investigar todos los permisos, quién permitió cada modificación realizada al inmueble, no podemos afirmar que el director responsable de obra es el que permitió, por eso las investigaciones se deben hacer a detalle en cada uno de los tiempos de este inmueble. Tenemos que ver exactamente cómo fueron avanzando los permisos y las verificaciones.

Recordó que por tratarse de una escuela privada, tienen que estar actualizando sus planes de protección civil, por lo que hay que analizar cada periodo de verificación y acopiar información para avanzar en la indagatoria.

En tanto, diputados de la Asamblea Legislativa exigieron suspender a los DRO y corresponsables en seguridad estructural (CSE) vinculados a irregularidades en inmuebles de reciente construcción que resultaron destruidos, semicolapsados o con daños severos, como el colegio Rébsamen en Tlalpan y los edificios de Zapata 56 y Bretaña 90 en Benito Juárez, así como determinar la corresponsabilidad de la Seduvi por la mala actuación de dichos certificadores.

Los asambleístas Alfonso Suárez del Real (Morena) y Dunia Ludlow Deloya (PRI) coincidieron en señalar que, pasada la emergencia, el titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, debe dar cuenta a la Asamblea Legislativa sobre los mecanismos para vigilar la actuación de los directores responsables de obra y corresponsables.

Ludlow refirió que antes del sismo se advirtió que los más de 150 trámites del procedimiento administrativo en desarrollo urbano, entre estos los que corresponden a los responsables de obra y corresponsables como auxiliares de Seduvi para ordenar y hacer valer en la normatividad en materia de construcciones, son una ventanilla a la corrupción.

Refirió que incluso no se tiene certeza de la actualización del padrón de la dependencia, en el que aparecían antes del sismo 2 mil 223 DRO, 723 con cédula vigente y seis sancionados, y tras permanecer inhabilitada la página de Internet varios días, aparecen hoy 2 mil 54 con ocho sancionados y 233 CSE con sólo uno.

Suárez del Real dijo que si bien corresponde a la Seduvi aplicar las sanciones a DRO y corresponsables por las irregularidades en que incurran, la responsabilidad de vigilar y evaluar su actuación se diluye en una comisión que encabezan el secretario de la dependencia con el de la Secretaría de Obras y una decena de colegios de arquitectos e ingenieros.

Los diputados Margarita Martínez Fisher (PAN) y Raúl Flores García (PRD), presidenta y secretario de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, respectivamente, coincidieron en afirmar que debe haber una investigación seria y responsable de los casos denunciados y otras que se presenten para determinar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan, por ser actos que constituyen un delito al poner en riesgo la seguridad de quienes ocupan o habitan las construcciones.

Martínez Fisher dijo que la ley, con la incorporación de figuras como los DRO y los CSE, ha ido haciendo laxas las responsabilidades de la autoridad en asegurar el cumplimiento de las normas.

Flores sostuvo que debe replantearse la forma en que se supervisa el trabajo de los DRO y corresponsables, y establecerse más controles, al advertir que hay quien se dedica sólo a ser firmón de las responsivas sin pararse en la obra.

Suárez del Real señaló aquellos que han sido señalados por irregularidades en construcciones deben ser suspendidos por la Seduvi, y consideró que la dependencia podría habilitar a sus ingenieros y arquitectos en esas funciones para atender la situación de emergencia.