l pulso entre los gobiernos de España y Cataluña ante el referéndum por la independencia de este último, que las autoridades de Barcelona se empeñan en llevar a cabo a pesar de la criminalización de la consulta por parte de las instituciones de Madrid, ha llegado a una ruta de confrontación a la que no se le ve salida, como no sea el ahondamiento del encono entre ambas posiciones.
En días pasados el gobierno que encabeza Mariano Rajoy empezó a capturar y a sancionar legalmente a diversos funcionarios y empresarios catalanes, y a criminalizar todo lo relacionado con el referéndum, con la esperanza ilusa de que de esa forma lograría amedrentar a los independentistas y hacerlos desistir de su propósito. Como era de esperar, tal política, lejos de disuadir los afanes separatistas, los ha fortalecido y, en buena medida, legitimado: el brutal autoritarismo, la cerrazón y el espíritu marcadamente antidemocrático con que el Palacio de la Moncloa se ha comportado ante el proceso independentista son, por sí mismos, una exposición de motivos para quienes desean una Cataluña soberana al margen del Estado español.
En efecto, si bien es cierto que las dirigencias de Junts pel Sí y la Convergència Democràtica de Catalunya (CUP), que tienen la mayoría en el parlamento de Barcelona, trazaron una ruta política aventurada y poco realista hacia la independencia, ello se explica en buena medida ante la absoluta negativa de Madrid a negociar, e incluso a discutir, los principios constitucionales que cierran la puerta a una reconfiguración federalista de España, y no se diga al reconocimiento del derecho a la autodeterminación que asiste a todos los pueblos, de acuerdo con los protocolos internacionales de los derechos humanos y múltiples resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Tradicionalmente, tanto los gobiernos españoles socialistas como los de derecha han respondido con un rotundo no
a cualquier concesión a las comunidades autónomas –la vasca y la catalana, en primer lugar– tal y como están establecidos en la Constitución de 1978, lo que no deja a los separatismos de la Península ibérica otro camino que el de las acciones unilaterales.
Es particularmente deplorable, por lo demás, que un régimen que se dice democrático haya llegado hasta el punto de imputar, perseguir y encarcelar a quienes tratan de recurrir al mecanismo democrático por excelencia, que es el del sufragio popular, para tomar decisiones trascendentales.
En tal circunstancia, la realización del referéndum independentista previsto para el próximo domingo amenaza con resultar un fracaso para todos: los gobernantes catalanes, que difícilmente podrán pasar por encima del aparato judicial, policial y hasta militar que el gobierno de Mariano Rajoy ha movilizado para evitar la realización de la consulta, pero también para el bando españolista, heredero de la consigna franquista España Una, Grande, Libre
, que en lo sucesivo llevará el estigma de haber impedido manu militari la libre expresión de la voluntad popular y de haber enviado a la cárcel a ciudadanos que no habrán cometido más delito que el de procurar transformaciones políticas por medios pacíficos.
