l escenario político y las perspectivas electorales para 2018 cambiaron desde el pasado 19. Una vigorosa oleada de solidaridad y activismo, sobre todo en la Ciudad de México, mostró distantes, inmóviles y altamente desconfiables al sistema político y sus principales actores, en lo que, en primera lectura, parecería vaticinar para el año entrante un rechazo en urnas más amplio del que se preveía antes del reciente sismo.

Pero, a pesar de esa impresión generalizada, está en curso una operación política y electoral fundada en el concepto de lo privado. Con una generosidad nunca sustentada en su turbio historial, el partido-gobierno (PRI) ha montado, sobre la muy bien dispuesta mesa mediática, la manzana envenenada de la supresión total del financiamiento público a los partidos y la destinación de esos fondos a la Tesorería de la Federación y, luego, al fideicomiso denominado Fuerza México, que administrarán concertadamente el gobierno federal y la élite empresarial del país.

La pieza central de esta operación fue anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 21, conforme a su comunicado 185 (https://goo.gl/Bgrfg3): “El fideicomiso privado ‘Fuerza México’ ha sido constituido en Nacional Financiera por distintos representantes del sector privado con el propósito de canalizar en un mismo esfuerzo todos los donativos y aportaciones que realicen personas, organismos, organizaciones y empresas desde el interior o exterior de la República Mexicana para apoyar las acciones de reconstrucción en los estados que se vieron afectados por los recientes sismos”.

El fraseo utilizado a lo largo de ese comunicado 185 no sustenta la contundencia de lo que se pretende. El mismo título intenta ser suave: Hacienda facilita la operación del fideicomiso privado para canalizar aportaciones tras los sismos. ¿Hacienda facilita? ¿Lo ahí anunciado sólo es una facilitación, una ayuda amistosa, pero no la severa concentración, en manos de unos cuantos políticos y empresarios, de recursos económicos provenientes de la sociedad civil, de donaciones locales y extranjeras, de fondos gubernamentales y de contribuciones de la propia iniciativa privada?

Para convertir las donaciones de personas físicas o morales en afluentes de la gran recaudación que terminarán manejando el gobierno de Peña y la cúpula empresarial, la siempre amable secretaría a cargo del presidenciable José Antonio Meade se ha puesto flexible al extremo: “A través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda autorizó mediante la publicación de una regla, la posibilidad de que las donatarias puedan realizar donativos a otras donatarias, aun cuando esta acción no esté contemplada dentro de su objeto. Con la publicación de esta regla, el fideicomiso podrá obtener recursos de la sociedad civil y coadyuvar en la reconstrucción de las zonas afectadas. Dicha regla se puede consultar en el portal de Internet del SAT y en los próximos días aparecerá publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”. A la hora de redactar esta columna, nada explicativo había en el portal del SAT (https://goo.gl/pG8SGq) ni se había publicado nada en el DOF.

En el mismo comunicado de Hacienda se explica quiénes serán responsables de administrar esas donaciones que acabarán en manos de otros donatarios (una especie de doctrina Burundanga, al estilo de la cantante Celia Cruz: el donador Borondongo le da a Bernabé): Dicho fideicomiso estará integrado por un comité que encabezan, entre otros empresarios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón; el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez Magaña; el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega; el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez Solloa; el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica; el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Frederic García, y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo Luján.

El fideicomiso Fuerza México recibió la máxima convalidación política este miércoles, en Los Pinos, durante una reunión encabezada por Enrique Peña Nieto, con la presencia de miembros de su gabinete, gobernadores y la cúpula empresarial (La Jornada publicó fotografías de Peña Nieto, en abierta camaradería con Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, entre otros hombres de negocios). Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, dijo a Ciro Gómez Leyva, en radio, que en el gobierno no se discute quién y cómo se ejercerán los recursos para la reconstrucción: estamos trabajando. Hay más de 90 mil servidores públicos desplegados en los lugares donde hace falta la ayuda.

El ciclo de la privatización coyuntural, con la reconstrucción como fuente de negocios que permitirán dar ayudas a proyectos electorales que sean afines a esa élite empresarial, se cerraría con la supresión del financiamiento público a los partidos. El segmento que se opone vigorosamente a la posibilidad de que Morena llegue al poder en 2018 carecía, hasta antes del sismo, de discurso-coartada y de viabilidad operativa. Ahora, proclama la unidad nacional como antídoto retardante de la crítica política al sistema y su corrupción, y maniobra fiscalmente para convertir la solidaridad social, las donaciones de particulares, las renuncias presupuestales de los partidos (dardo especialmente dirigido a Morena) y los fondos públicos para atención de desastres en una mezcolanza administrada por los grandes empresarios. En un esquema así, el PRI y sus aliados no explícitos, el frente formado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, sólo necesitarán el pase de charola, ante empresarios fideicomitentes, para hacer campañas al estilo clásico.

Y, mientras se multiplican los homicidios y delitos violentos en Tamaulipas y Veracruz, a pesar de las esperanzas que algunos tuvieron en los gobernadores de alternancia partidista, ¡hasta el próximo lunes!

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